León Roldós

Deuda pública del 25.7% del PIB

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El 19 de septiembre del 2016, el Banco Central del Ecuador declaró que la deuda consolidada del Estado, al cierre de agosto del 2016, era del 25.7% del PIB, muy lejos del 40% de techo de deuda que dispone el Art. 124 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, que no usa la expresión “deuda consolidada”.

Para muchos ecuatorianos fue novedad que el Gobierno del Presidente Correa, que el 2007 asumió el desconocimiento de parte de la deuda externa, condenando contrataciones anteriores, en los meses recientes, en valores absolutos y relativos, está llevando al endeudamiento a niveles muy superiores en cuantías y costos.

La cifra de endeudamiento que el propio Gobierno en semanas anteriores mencionaba era de alrededor del 38% del PIB. Los críticos cuestionaban la información, señalando que podíamos estar ya por encima del 40% del PIB, porque en ese 38% se producían las exclusiones del Art.123 de la misma Ley, entre éstas las de títulos valores de plazo menor a 360 días –y realmente constituyen deuda- los créditos recibidos por empresas públicas con proveedores que no requieren garantía soberana del Estado –y son deudas- , así como lo desembolsado por las líneas de crédito del sector bancario y financiero público, para solventar sus necesidades de liquidez, también los pasivos contingentes. El paquete más denunciado eran los supuestos “prepagos” para entregas futuras de petróleo a empresas de China y Tailandia, comprometiendo la producción y la exportación aun del próximo gobierno.

No se incluían las multimillonarias sumas adeudada a proveedores y a diversas entidades del Estado, por la mora en el pago, bajo el pretexto que no eran a plazo, sino que simplemente estaban en mora.

¿Cuál es el cambio de metodología para bajar la cifra oficial de alrededor del 38% del PIB al 25.7% del PIB? Usar la calificación de “deuda consolidada”, porque desaparece de la cifra lo que el Gobierno Central le debe al IESS, al ISSFA, al ISSPOL, a los gobiernos locales, a las universidades y a otras entidades del sector público.

El supuesto: la mano derecha no puede deber a la mano izquierda. Los recursos de todas las entidades son del Estado ecuatoriano y sus saldos se netean, por lo que en las cuantías equivalentes se eliminan.

¿Es ético y jurídico aquello? La respuesta es no. El dinero del IESS no es del Estado es de los afiliados y los jubilados. Los más/menos USD 8 mil millones no es liquidez disponible del Estado. Igual cosa podría decirse en relación a gobiernos locales y otras entidades.

Logros en que se avanzó por décadas fueron la descentralización de los recursos y la autonomía de las instituciones. Hoy se está destruyendo esos avances.

¿A qué se comprometen los candidatos a Presidente y a Asambleístas?