Trabajadores, empresarios y jubilados se han unido para impedir que se desconozca la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, correspondiente a prestaciones de salud, por un valor de USD 2 506 millones. En la declaración exigen que se reúna el Consejo Directivo para aprobar los estados financieros del 2015 y 2016. Tratan de impedir un perjuicio grave al sistema de ahorros más importante del país.
El pronunciamiento conjunto pide que se revelen los nombres del o los funcionarios que habrían autorizado la eliminación de la deuda. Si eso ha ocurrido, habrían provocado un perjuicio al IESS asumiendo responsabilidades civiles que la Contraloría deberá determinar para exigir que los responsables devuelvan de su bolsillo los valores eliminados. Las autoridades del IESS que conocieron el hecho, no lo impidieron y aprobaron públicamente la medida, también serían responsables y la Contraloría deberá auditarlos.
Los funcionarios que han intervenido en este asunto deben estar inquietos y buscando ya no el mecanismo para eliminar la deuda sino la forma de ocultar el rastro de su participación. Parece que desde hace tiempo venía desde arriba el pedido de borrar esa deuda y andaban en busca del funcionario ingenuo que aceptara hacerse responsable. Una comisión recomendó la medida, pero era necesario que alguien asuma la responsabilidad de su aplicación. Solo quedan, como evidencias, un boletín de prensa para informar que la deuda ha sido eliminada y declaraciones ambiguas de funcionarios que hablan de que no hay reglamento o no se puede establecer el monto exacto. Nada de eso permitía a nadie dar de baja la deuda.
La autoridad máxima del IESS es el Consejo Directivo que tiene tres vocales. Dos de ellos, los representantes de los trabajadores y de los empleadores, han pedido repetidamente que se convoque al Consejo para aprobar los estados financieros del 2015 y el 2016, pero no han merecido respuesta. Se dice ahora que esperan una auditoría de Contraloría para convocar al Consejo.
¿Querrán que Contraloría se haga responsable? Ya existe un oficio de la entidad de control, dirigido al Presidente del Directorio, en septiembre del 2015, en el que le recuerda que debía designar una comisión para establecer los valores de la deuda y determinar la forma de pago; no una comisión, sin valor ni autoridad, que envíe conclusiones inválidas a Contraloría, directamente, sin aprobación del Consejo Directivo del IESS. Advierte la Contraloría que “decisiones que comprometen al Instituto no pueden provenir simplemente de un delegado” cuya designación no corresponde a la autoridad máxima. El oficio termina exigiendo al presidente del Directorio “arbitrar las medidas que estime pertinentes en cautela de la legalidad de los intereses de la entidad que representa”. Más claro no canta un gallo. Sería absurdo que Contraloría cambie su posición y acepte la eliminación ilegal de la deuda de salud.