Columnista Invitado

Juzgados por cumplir con su deber

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Alberto Molina Flores

El 3 de mayo de 2007, el presidente Correa creó la Comisión de la Verdad, para investigar supuestas violaciones a los DD.HH. direccionadas al gobierno de Febres Cordero (1984-1988). Además de sus miembros titulares, se nombró un Comité de Soporte, que fue conformado por Mireya Cárdenas, quien formó parte de la dirigencia de Alfaro Vive Carajo (AVC), Clara Merino y Francisco Acosta, familiares de miembros del grupo subversivo. Este comité, a las claras, se constituyó en “juez y parte”.

La Comisión de la Verdad debió incorporar como parte del proceso de investigación los libros: ‘Ecuador: 1960-1990. Insurgencia, Democracia y Dictadura’, del colombiano Darío Villamizar, representante del grupo subversivo M-19, y ‘AVC. Revelaciones y Reflexiones sobre una Guerrilla Inconclusa’, de Juan Fernando Terán, miembro activo de AVC. En estos libros se publican los testimonios, con lujo de detalles, de los miembros de AVC y otros grupos subversivos que cometieron asesinatos, asaltos, robo de armas, secuestros, etc.

En los dos textos citados, los protagonistas declaran, cómo secuestraron, cómo obtuvieron el dinero en asaltos a bancos e instituciones del Estado, cómo asesinaron a agentes del orden, como hicieron contacto con otros grupos subversivos de otros países. A qué países viajaron para entrenarse militarmente, etc.

No obstante, los testimonios de los subversivos, la Comisión de la Verdad en su informe formula indicios de responsabilidad contra varios miembros de las Fuerzas Armadas, de esta forma se pretende acusarles de “crímenes de lesa humanidad”.

Hay que recordar que un Estado, a través de su gobierno legítimo, tiene la obligación de proteger a la sociedad de las rebeliones organizadas, armadas y apoyadas por un aparato político; empleando a las de las FF.AA. y a la Policía en el uso progresivo de la fuerza, para legítimamente neutralizar y destruir a esas amenazas; por lo tanto, los miembros de la fuerza pública cumplieron estrictamente con su deber, para preservar la seguridad e institucionalidad del Estado, ante el peligro de grupos subversivos que en sus públicas proclamas amenazaban tomarse el poder por las armas.

Los militares ecuatorianos han sido verdaderos sustentadores de la paz, del respeto a los DD.HH. y del Derecho Internacional Humanitario; en 1992 se firmó un convenio con la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu), para preparar a sus miembros, en todas las jerarquías, en el respeto al ser humano en toda su dimensión. Este hecho se consideró un caso inédito en América Latina.

Visto así, resulta descabellada la acusación de crímenes de lesa humanidad, acusación que tiende a minar el prestigio, el honor y el buen nombre de prestigiosos oficiales que cumplieron con su deber y el de las gloriosas FF.AA., institución histórica, querida, admirada y respetada por el pueblo ecuatoriano.