Emilio Godoy

Derechos urbanos no inteligentes

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En los últimos años, el concepto de ciudades inteligentes ha adquirido preponderancia respecto al diseño y funcionamiento de las urbes, pero al mismo tiempo alimenta la inquietud si ese esquema contribuirá al acceso a diferentes derechos para sus habitantes.

“Detrás del concepto, hay un trabajo de ‘marketing’ muy grande, más que un trabajo real de conceptualización. Existe como una idea muy global, como la creación de infraestructura urbana en la que se mezclan medios digitales y físicos”, señaló a IPS el cofundador de la organización no gubernamental mexicana Medialabmx, Leonardo Aranda.

El experto, cuya organización se desempeña desde 2013 en el desarrollo y apropiación de la tecnología con fines sociales y culturales, sostuvo que está por ver si las urbes inteligentes “se convierten en una solución o si simplemente son una charada, en la cual las grandes corporaciones buscan la inversión pública muy grande que existe y encontraron un discurso muy vendible y que las ciudades están comprando”. Para Aranda, las tecnologías pueden ayudar a resolver problemas urbanos, pero al mismo tiempo pueden crear otros. “Es un problema general de la tecnología, no soluciona problemas por sí sola, tiene que ver con su diseño”, externó.

El Grupo Temático sobre Ciudades Sostenibles e Inteligentes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones las define como urbes innovadoras que usan las tecnologías de la información y comunicación y otros medios para mejorar la toma de decisiones, la eficiencia de las operaciones, la prestación de los servicios urbanos y su competitividad, para procurar la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y ambientales.

Las ciudades inteligentes, “Smart Cities”, estarán en el foco de la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), que acogerá Quito entre el 17 y el 20 de octubre.

De hecho, en el borrador de la “Declaración de Quito sobre ciudades sostenibles y asentamientos humanos para todos”, acordado el 10 de septiembre, los Estados parte se comprometen a “adoptar un enfoque de ciudad inteligente, que hace uso de oportunidades de la digitalización, energía limpia y tecnologías, así como tecnologías de transporte innovadoras, proporcionando opciones para la población de tomar decisiones más respetuosas con el ambiente y promover el crecimiento económico sostenible y permita mejorar la prestación de servicios”.

En América Latina, donde 80 por ciento de sus más de 600 millones de habitantes viven en ciudades, las metrópolis medianas y grandes se enfrentan a la congestión vehicular, la contaminación del aire, el estrés hídrico, el crecimiento desordenado, los asentamientos irregulares, el aumento de la temperatura y trámites engorrosos.

IPS