Juan Cuvi

Derechos humanos relegados

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Columnista invitado

Elpetróleo antes que la vida. Esa es la última consigna del Gobierno ecuatoriano, al menos si nos atenemos a lo que acaba de ocurrir en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Luego de una prolongada ausencia en ese organismo regional, y de años de una sistemática campaña de cuestionamiento a su legitimidad, el Gobierno, en representación del Estado ecuatoriano, ha decidido sentarse en el banquillo de los acusados. Pero lo ha hecho solo en una de las cuatro audiencias a las que ha sido citado: aquella en la que se busca dirimir los conflictos entre la expansión de la actividad petrolera y la protección de los pueblos amazónicos en aislamiento voluntario.

Para defender su postura el régimen no ha escatimado en artimañas. Convenció (eufemísticamente hablando) a un dirigente waorani para que abogara en favor de la explotación petrolera en la selva. En otras palabras, propició un auténtico hara-kiri.

El objetivo no puede ser más obvio. El Gobierno necesita deslegitimar el único argumento, la única evidencia, el principal obstáculo que impide la ocupación de esos territorios por parte de las empresas petroleras. Tiene que sostener y demostrar la inexistencia del problema. Una vez esfumados los tagaeri y taromenane, el único contratiempo serán los posibles daños ambientales. Pero para vulnerar los derechos de la naturaleza siempre habrá explicaciones convincentes, así como justificaciones técnicas, jurídicas, políticas y hasta antropológicas. Ejemplos sobran.

El mensaje que se envía al mundo de los negocios es incontestable: el Gobierno ecuatoriano garantizará cualquier explotación de recursos naturales en la Amazonía.

En tales circunstancias, las otras tres demandas presentadas en la CIDH resultan irrelevantes. Superficiales. A fin de cuentas, los testimonios de un grupo de mujeres defensoras de los derechos ambientales y culturales podrán ser encasillados, desde la propaganda oficial, en la categoría de reclamos de las “tirapiedras de siempre”. Nada que amerite una respuesta desde el poder. En medio de una crisis económica tan grave, el hostigamiento, la persecución y las amenazas en contra de varias activistas sociales son considerados un problema de poca monta. Nimiedades que no pueden obstruir las grandes decisiones nacionales. Al igual que los derechos de una estudiante víctima de violencia sexual. ¡Qué indolencia!

Tampoco los crímenes de lesa humanidad denunciados por la Comisión de la Verdad desvelan al régimen. Al cabo de cinco años tan solo se ha judicializado uno de los 118 casos investigados, y con magros resultados. Frente a la lentitud y desidia de la administración de justicia, los familiares de los asesinados, torturados y desaparecidos no tienen más opción que recurrir a instancias internacionales.