Miguel Rivadeneira

Los derechos conculcados

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La omisión de formalidades no puede restringir los derechos y la justicia. Lo dice la Constitución de Montecristi. Tampoco se puede transitar libremente por el país como consagra la Carta Política, artículo 66, a menos que sean oficialistas, vayan a las manifestaciones convocadas por el Régimen y se identifiquen con la causa. Los obstáculos son diversos para destruir las libertades, sin percatarse que los ciudadanos conscientes aumentan, se dan cuenta de la realidad frente a las arbitrariedades que se imponen.

Ni siquiera circular en paz pueden aquellos que se atrevieron a desafiar con los mismos argumentos que había enarbolado el oficialismo: la defensa de la biodiversidad y la preservación del medioambiente frente a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Hoy eso resulta mala palabra y pasan a ser enemigos políticos cuando el mundo recuerda los fogosos discursos en favor de la Pacha Mama y la no explotación del crudo.

La caravana climática -con activistas ambientales que viajaban a la cumbre mundial de Lima, que venía de México y a la que se sumaron miembros del colectivo Yasunidos- fue retenida y obstaculizada por elementos policiales y de otras instituciones cuando recorría pacíficamente el territorio nacional. Esta persecución y rigurosidad en los controles no se pone en práctica cuando debe protegerse las vidas de pasajeros que usan el transporte público y que periódicamente deja decenas de muertos y heridos, con un aumento permanente de los accidentes en este cambio de época.

Se ha llegado a la sinrazón jurídica cuando el máximo organismo electoral se niega a entregar formularios para la recolección de firmas, paso previo para una consulta popular, a un colectivo de organizaciones sociales y políticas con el argumento de que primero debe ir a la Corte Constitucional porque se trata de enmiendas constitucionales. Curiosamente la pregunta plantea que se consulte al pueblo si quiere o no que se cambie la Constitución y no propone ninguna reforma puntual. Al contrario, busca que el pueblo le diga no a la intención de cambio del oficialismo hacia la reelección indefinida. El argumento que sostienen es que la Constitución dispone que en todos los casos para ir a una consulta se requerirá dictamen previo de la CC. ¿Por qué entonces si dice “en todos los casos” se lavaron las manos con el planteamiento de los Yasunidos?

Lo curioso y que queda al descubierto es que a los Yasunidos les burlaron en la CC y les mandaron al ente electoral para que recojan las firmas y luego decenas de miles fueron anuladas. Es decir, les hicieron pasar el tiempo cuando la decisión era no dar paso a esa consulta, igual que en la actualidad, con los pronunciamientos previos que habían hecho jefes del oficialismo, a lo que deben allanarse todos, pero esto cada vez suma más seres conscientes sobre esta realidad, aunque no lo expresen.

mrivadeneira@elcomercio.org