La noticia explotó en varios medios. Rafael Correa depositó, hace casi un año, un poco más de la mitad del dinero que le ganó al Banco Pichincha en un juicio. Haber estado injustamente en la Central de Riesgo y sin acceso a crédito, le causó un grave daño moral que al final se valoró en 600 000 dólares, libres de impuestos. Como dijo alguna vez el gran hermano, los Correa somos razonablemente listos.
Si el origen de este dinero ya había despertado cuestionamientos, ahora el lugar donde lo ha depositado da más de qué hablar. Unos reprochan que un Presidente que critica a la banca por sacar su dinero del país, haga lo mismo con el suyo. Que se contradice con su ideología y sus políticas nacionalistas y proteccionistas. Otros lo critican por no cumplir su ofrecimiento de hacer con el dinero “lo que diga el pueblo”, pues “nunca he tenido apego al dinero, nací pobre y moriré pobre”. Otros dicen que debería donarlo al fideicomiso ITT. Que eso enviaría un poderoso mensaje a la comunidad internacional. Además, pagaría varios viajes y hoteles para que nuestros representantes consigan más plata para el proyecto y seguir viajando.
Pero todas estas críticas y sugerencias están demás. Yo apoyo la decisión. Correa tiene el derecho de hacer con su dinero lo que quiera. Nadie puede exigirle cómo utilizarlo o dónde guardarlo.
Si él quiere depositarlo en un país estable, con leyes, instituciones y bancos sólidos, y además muy cerca de Bélgica donde se jubilará, adelante. Correa, como cualquier ciudadano, no tiene por qué dar cuentas a nadie de lo que haga con su plata. A pesar de sus discursos y oxidadas consignas nacionalistas, Correa ha resultado ser un hombre pragmático a la hora de cuidar su dinero. Como cualquier persona que se preocupa por su patrimonio, Correa ha elegido el lugar más seguro donde guardarlo. Sabe que Ecuador no es ese lugar. Sabe que mañana un gobierno abusivo se lo puede congelar o se puede inventar cualquier historia para quitárselo. Sabe que un gobierno socialista puede sacar una ley que lo obligue a pagar de manera retroactiva impuestos que la ley actual no le exigía (o al menos así lo dijo Carlos Marx). Sabe que ante el despilfarro del sector público y una eventual caída del petróleo, podría faltar liquidez al Gobierno para pagar sueldos, y caerse la dolarización. Ahí su dinero se convertiría en 600 000 devaluados nuevos sucres.
El ciudadano Rafael Correa sabe mejor que el Estado, que el Gobierno y que el presidente Correa, lo que le conviene hacer con su dinero. Él sabrá invertirlo, gastarlo o guardarlo como mejor considere. Ningún Gobierno, ningún Presidente, ningún burócrata de turno puede decidir por él ni sabrá hacerlo mejor. Primero está su libertad individual. Cómo cambia la cosa cuando se trata de plata propia.