Poder es la capacidad que alguien tiene para forzar a otro a realizar algo que no haría por cuenta propia. Por ejemplo, un policía ejerce el poder cuando ordena a un automovilista que se detenga cuando el semáforo está en verde y ese conductor le obedece.
En condiciones normales, la probabilidad de que un vehículo deje de moverse cuando el semáforo está en verde es baja, digamos que de 1%. La probabilidad de que ese mismo auto se detenga por orden del policía -aunque el semáforo siga en verde- es alta, digamos que de 95%.
La cantidad de poder que alguien detenta es la diferencia entre la probabilidad de que los conductores paren por orden del policía y la probabilidad de que lo hagan por cuenta propia, cuando el semáforo esté en verde. En este ejemplo, el poder del policía sería casi total: 94% (95%-1%).
Robert Dahl -eminente politólogo de Yale que murió el miércoles pasado- concibió de esta manera al poder (o autoridad o influencia o coerción) en un ensayo seminal titulado ‘The Concept of Power’.
En el caso concreto del poder -una categoría de análisis introducida siglos atrás por Maquiavelo y Hobbes- la definición de Dahl nos ha permitido entender de forma menos intuitiva cómo los sistemas de Gobierno reparten o concentran este insumo esencial de la política.
“Si el poder es la capacidad de forzar a otro a hacer algo que en circunstancias normales no haría, entonces ese poder debería tener recursos, instrumentos para utilizar esos recursos y un ámbito espacio-temporal donde ejercerlo”, dijo Dahl.
Los recursos podrían ser la popularidad del Presidente o la plata que haya en la Caja Fiscal. Los instrumentos para utilizar esos recursos podrían ser las sabatinas y los subsidios indiscriminados. El ámbito espacio-temporal serían los escenarios en donde se ejerce el poder, como la Asamblea y las instancias de la sociedad civil.
Aunque Dahl hace ver que estos tres niveles son igualmente importantes para la configuración y el ejercicio del poder, me parece que el último -el de los ámbitos espacio-temporales- es clave porque en él se determina si el poder que se ejerza en un sistema político estará repartido o concentrado.
El poder se repartirá mejor si en las diferentes instancias de la sociedad civil -gremios, movimientos políticos, organizaciones de diversa índole- y en la Asamblea hubiera un sector opositor más organizado, que ofreciera mejores y más rápidas respuestas a las decisiones del Presidente.
Las instituciones y las leyes han sido cambiadas precisamente para impedir esas respuestas rápidas y mejores de los sectores sociales en discordia. Es indispensable pensar en una estrategia propia para superar aquel obstáculo.