Milton Luna

La criminalización de la protesta

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Este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos (DD.HH.), se presentó en Quito un informe de la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), sobre la criminalización de la protesta social en el Ecuador.

Según la FIDH, se configura la criminalización cuando “la justicia se convierte en un arma de represión contra los defensores del derecho… y adopta diferentes modalidades, como el hostigamiento judicial a líderes de movimientos y organizaciones o miembros de comunidades mediante diversos tipos penales…”.Para la Comisión Interamericana de DD.HH., citada en el informe, la criminalización se caracteriza por “el inicio y sujeción a investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento con el objeto de amedrentar la labor de defensoras y defensores y generar una paralización de su trabajo en tanto su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa”.

El informe, suscrito por Cedhu e Inredh, recoge estudios de caso de dirigentes defensores de la naturaleza. Son los de Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín – Íntag; Pepe Acacho y Pedro Mashiant, dirigentes indígenas shuar; y Manuel Trujillo, presidente de la organización comunitaria de San Pablo de Amalí, de la provincia de Bolívar.

Javier Ramírez, luego de 10 meses de detención, fue condenado por el delito de rebelión, por liderar la resistencia comunitaria a proyectos mineros en la zona.

Pepe Acacho y Pedro Mashiant fueron sentenciados por “terrorismo organizado” a 12 años de prisión por liderar protestas contra reformas legales al sector minero y del agua, que desembocaron detenciones los alzados y en la muerte del profesor Bosco Wisuma. Una sentencia no ejecutoriada hasta el momento.

Manuel Trujillo organizó acciones de resistencia comunitaria a la construcción de una hidroeléctrica, por lo que “ha sido judicializado aproximadamente en 30 ocasiones, por cargos que van desde actos de violencia y la destrucción de bienes, hasta sabotaje, terrorismo y rebelión”.

Luego de estudiar estos casos, la FIDH concluye “que el derecho penal es utilizado para criminalizar a defensores de derechos humanos en represalia a la labor que desempeñan”.

Por otra parte, este mismo 10 de diciembre, a “los 21 de El Arbolito” se les negó el hábeas corpus y su derecho a la libertad.

Estas personas fueron tomadas presas el 3 de diciembre pasado, unas por protestar, otras por transitar pacíficamente por el parque (EL COMERCIO, 11 diciembre 2015), refugio de los manifestantes, que alzaban su voz contra la inconsulta acción de la Asamblea Nacional de cambiar la Constitución.

Quedan impunes los infiltrados violentos que desprestigian la protesta, y los policías que atacaron a golpes al dirigente Carlos Pérez Guartambel y al fotógrafo de EL COMERCIO.
¿10D, Día de los Derechos Humanos?

mluna@elcomercio.org