Miguel Rivadeneira

Corrupción: firmeza contra todos

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Una vez que las nuevas autoridades cuentan con la lista de los involucrados en las coimas denunciadas en el caso Odebrecht es fundamental que se actúe con firmeza, se conozcan todos los nombres, se profundicen las investigaciones penales y se adopten oportunas medidas cautelares, en el debido proceso y con derecho a la defensa. El caso se ha dilatado tanto en el Ecuador, en contraste con otros países en donde existen presos desde hace meses. Resulta vergonzoso que hayan hallado tramas de asociación ilícita de parientes directos de altos funcionarios, que se presume lo hicieron protegidos y aliados, y autoridades de control, llamados a demostrar honestidad y dar buen ejemplo y no engaños.

Mientras avanzan estas acciones queda pendiente la buena intención de integrar un frente de transparencia y lucha contra la corrupción, propuesta por el nuevo mandatario, con ciudadanos y juristas destacados, pero también personas vinculadas al anterior y actual régimen y altos funcionarios, que deslegitima la iniciativa.

Hay conflicto de intereses. ¿Imposición política del movimiento? Tiene que haber independencia para que no se tape nada ni a nadie. No pueden ser juez y parte. Eso genera desconfianza, que fue heredada del gobierno pasado, en el que se visitó en la cárcel a ministros y a otros se les agradeció el trabajo antes de su fuga y luego fueron sentenciados por corrupción. Se hizo homenaje al primo del ex Presidente, previo a su escapada a Miami.

La propuesta demuestra el fracaso del Consejo de Participación Ciudadana, que no ha cumplido el mandato constitucional de promocionar la transparencia y luchar contra la corrupción.

¿Dónde están resultados concretos de tantos casos anteriores (recibió centenares de la Comisión de Control de la Corrupción) y presentes? En los países en donde funciona la institucionalidad existen políticas de Estado e instituciones sólidas que son fortalecidas, se sancionan las irregularidades y no hay impunidad. Actúan oportunamente los organismos de control, fiscalías, jueces y no buscan pretextos para justificar su demora.

En el combate a la corrupción no hay medias tintas. Se actúa con decisión o se admite y protege, por acción u omisión, aunque en el discurso digan lo contrario. La Constitución, art. 83, cuando habla de responsabilidades, dispone que son deberes denunciar y combatir los actos de corrupción. En el anterior gobierno no solo que no se actuó con firmeza para enfrentar este mal sino que, al contrario, se persiguió a denunciantes, se procesó judicialmente a veedores ciudadanos hasta llegar a sentencias condenatorias, que incluyó a miembros de la Comisión Anticorrupción, que recibieron un mandato de organizaciones sociales para llenar el vacío por la ineficiencia y complicidad de los entes de control.