Arturo Torres

Corrupción, el último guión del Gobierno

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El Gobierno quiere imponer su guión, a toda costa. Marcar los temas de agenda pública, llevando las aguas a su molino, ha sido una de sus especialidades los últimos nueve años.

Hoy es el turno de la lucha anticorrupción. Y concretamente el caso de corrupción en Petroecuador. El Régimen sostiene que gracias a sus denuncias se conocieron todos los negociados que facilitaron el exgerente de la estatal petrolera Álex Bravo.

No obstante, la magnitud de esos ilícitos, que también involucran al ex ministro Carlos Pareja, empezó a conocerse por denuncias de varios medios desde abril pasado. En ese mes empezaron a conocerse los informes de los Papeles de Panamá, una iniciativa global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Precisamente, luego de esas revelaciones, que evidencian la forma truculenta en que funcionarios públicos y otros personajes de todo el planeta crearon empresas en paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos, el presidente Rafael Correa anunció el Pacto Ético. Una campaña que impulsa para evitar que quienes tengan inversiones en paraísos fiscales puedan ser candidatos.

Pero el problema no está en los individuos. Aunque Correa insiste en que la corrupción ha disminuido en su administración, existe una debilidad sistémica, que no ha sido abordada de manera integral.

Entre el 2009 y el 2015, el Gobierno destinó USD 58 mil millones para contratación de obras y servicios en el sector público.

Si bien hubo procesos que pasaron por una subasta inversa (gana el que mejores precios oferta), también ha sido un denominador común la contratación directa, sin un concurso público de por medio.

Así, la discrecionalidad es un terreno fértil para la corrupción. No gana el mejor sino el que más influencias tiene. Este precisamente fue el espacio donde se movieron a sus anchas Bravo, Pareja y decenas de funcionarios que hoy son investigados judicialmente gracias a las denuncias de la prensa.