Columnista invitado
El asombroso pedido de amparo por parte del Presidente de la República, ante la inadmisión de los casos tratados en los consejos de disciplina, al que fueran sometidos varios oficiales de las FF.AA., trata de sustentarse en el irrespeto al “control y conducción civil” de los militares.
Igualmente sorprendente, es ver como la Asamblea, se encuentra en la discusión de las reformas a la Ley de Seguridad Social de las FF.AA., basándose únicamente en criterios dispersos, sin optar por lo que dice la ley, pedir “informes técnicos”, a los organismos de las FF.AA., que deben ser presentados por el Ministro de Defensa, según la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.
El Ministro de Defensa, no puede salir de la encrucijada en la que se halla atrapado, al haber descubierto que en las FF.AA. existen oficiales y tropa, lo cual, ante su frágil formación marxista, significa una supuesta confrontación de clases dentro de la institución o una lucha de contrarios; por lo tanto, para superar esa realidad siguiendo la dialéctica hegeliana, piensa eliminar la desigualdad.
Igualdad basada únicamente en su criterio personal, burlando la Constitución, que respalda la estructura de las FF.AA., leyes como la de personal que asegura la organización y funciones según las mallas curriculares y tiempo de servicio en la carrera profesional; además de la ley Orgánica de Servidores Públicos LOSEP y la del ISSFA.
Pero la descoordinación entre la Presidencia, Asamblea y el Ministerio de Defensa se debe por una parte al desconocimiento sobre el control y conducción “política” de las FF.AA., que implica cumplir con las leyes, siguiendo una visión estratégica de los intereses públicos y la institucionalización.
Control democrático, significa que la gestión de la defensa debe atender a los intereses nacionales, sin valerse de métodos extraños, como la socialización o escribir cartas personales convincentes a los militares, porque no son procedimientos militares universales y porque siendo no deliberantes no se puede recurrir a persuasiones políticas, finalmente porque la formación profesional militar y sus mandos exigen respeto debiéndose mantenerlos en forma aislada del quehacer político.
Para un control político objetivo de las FF.AA., según Huntington, se debe maximizar a la profesión militar, mantener su autonomía legal en su funcionamiento, sin impulsar el intervencionismo militar con tareas administrativas civiles, peor aún incitando a los militares con llamados como ¡jóvenes libérense!
El control político, democrático de las FF.AA. presupone subordinación legal a las autoridades políticas elegidas, sin humillación, ni inventándose una pugna de poder entre un capitán y la máxima autoridad de las FF.AA. Peor efecto tendría ese ejercicio de citar a la Unasur para defender a la democracia.