Sebastián Mantilla

Control de la justicia

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16 de January de 2013 00:01

En las sociedades modernas, el Poder Judicial cumple varias funciones fundamentales: sostiene la legalidad y el régimen de derecho, dirime los conflictos sociales, garantiza los derechos colectivos e individuales consagrados en la Constitución y las leyes y, entre otros aspectos, contribuye a la consolidación de la democracia.

No obstante, este esfuerzo que hacen los países muchas veces se ve limitado por la interferencia de lo político y específicamente por presidentes a quienes que les incomoda los mecanismos de control del poder y de accountability horizontal.

El interés que tienen no es sostener la legalidad, garantizar los derechos ciudadanos o fortalecer la democracia sino controlar la justicia para concentrar aún más el poder, tener mayor influencia en las diferencias instituciones del Estado y sobre todo garantizar la impunidad ante cualquier acto de corrupción o violación de los derechos humanos.

Lo sucedido últimamente en Ecuador va en esa línea. Atravesamos por un proceso no de reforma y mejoramiento del sistema de justicia sino de manoseo y control institucional de parte del Ejecutivo. Lo sucedido recientemente con el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Judicatura es un claro ejemplo de ello.

No hubo concurso de méritos y oposición sino que de manera poco transparente los cinco miembros de la máxima institución del Poder Judicial fueron designados a dedo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, instancia que, a más del Consejo Nacional Electoral, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, Contraloría y Fiscalía, son controladas por el Poder Ejecutivo.

El proceso de intervención en la justicia o como generalmente se conoce como “meter la mano en la justicia” se ha profundizado, alcanzando niveles nunca antes vistos en el país.

Lo ocurrido es mucho más grave de lo sucedido en años pasados con la “Pichi Corte”, hecho que desencadenó la caída del presidente Lucio Gutiérrez.

El Consejo Nacional de la Judicatura, de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial, tiene la potestad de designar y evaluar jueces y conjueces nacionales, fiscales, notarios y defensores públicos. Tienen incidencia en al menos 67 000 operadores del sistema de justicia.

Aunque los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura hablen de modernizar y mejorar la gestión del sistema de justicia en el Ecuador, esto no sirve si no existe previamente independencia.

Por ello, lo que se espera es el inicio de una nueva etapa de crisis, desinstitucionalización e interferencia del poder político en la justicia.

Esto va atado a la ola recesiva que atraviesa el país en términos democráticos. Revertir va a tomar muchos años.