El último reporte sobre la AH1N1 es alentador. Los índices comienzan a bajar en el país. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lo anunció esta semana.
Las medidas de prevención vinculadas a la información que se activaron, la vacunación adicional que se hizo en el país y las brigadas médicas que se movilizaron ayudaron a frenar el avance del virus.
Aunque tardía, porque la OPS advirtió en enero que podía darse un brote epidemiológico, la respuesta contribuyó para frenar los casos. 60 personas fallecieron; la mayoría en la Sierra, con más incidencia en los hombres. El grupo etario con mayores casos positivos es el de 41 a 64 años con 34.5% (182), seguido de 20 a 40 años con un 19% (101).
Lo ocurrido deja una lección al país y a las autoridades de Salud. No se debe esperar a que un problema explote para actuar. Es necesario pasar de la lógica curativa a la preventiva. Ese fue uno de los ofrecimientos en el plan de Gobierno con el que este Régimen orientó su gestión, cuando comenzó hace casi 10 años.
La responsabilidad no es solo de la Cartera de Salud. Los organismos de planificación y de administración económica también la comparten. Sin recursos o la información necesaria para proyectar la gestión es imposible consolidar una política pública de salud orientada a evitar incendios en lugar de solo apagarlos.
El virus es estacionario. Eso significa que cada año está presente. Estamos a tiempos para tomar las previsiones del caso y evitar que vuelva a causar daño. La ciudadanía tiene que hacer su parte informándose y siguiendo las normas sanitarias recomendadas.
Los dueños de farmacias también deben mantener la política de no vender medicamentos que pueden ocultar los síntomas del virus, sin receta médica. Y los controles de las autoridades deben seguir, pero no como una acción sancionadora, sino como una real medida de prevención.