Consultarle a la gente temas fundamentales del Gobierno y la vida pública, especialmente cuestiones constitucionales, es muy bueno. Sobre todo cuando se han suprimido las elecciones intermedias, las elecciones seccionales separadas de las nacionales y las elecciones de altos funcionarios, una consulta permite una suerte de participación ciudadana. Surge entonces la pregunta: ¿Qué se debe consultar? Y la respuesta es que las preguntas formuladas por el Presidente de la República se refieren a la coyuntura y no al fondo.
Es evidente, por ejemplo, que se debe reorganizar la administración de justicia. Mucho se ha hecho para lograrlo desde que la Corte Suprema y el aparato judicial en su mayoría estaban dirigidas por el ‘capo’ Febres Cordero. Las reorganizaciones, intervenciones y hasta haber dejado al país sin máximo organismo judicial meses, no han logrado el objetivo. Por ello, la Asamblea Constituyente estableció una novelería.
Con el argumento de evitar que los políticos se repartan la renombrada Corte Nacional de Justicia, los constituyentes del movimiento gubernamental inventaron un “quinto poder” del Estado, para “participación y transparencia”, que no se elige por la ciudadanía, sino que se designa por supuesta meritocracia, es decir a dedo. A su vez, el organismo de ese poder, el Consejo de Participación Ciudadana, designa al Consejo de la Judicatura.
Luego de los primeros actos del Consejo de Participación Ciudadana quedó claro que es un fracaso a toda orquesta y que no da ninguna garantía para que sus designaciones fueran correctas. En esta misma columna escribía hace meses:
“Más allá de la forma en que se ha designado al nuevo Consejo de Participación, están su concepción y estructura, antidemocráticas, regresivas y violatorias del principio básico de la representación. Nadie puede ejercer potestad pública si no es electo por los ciudadanos o sus representantes”.
“El consejo y la función de transparencia no deben existir. Mientras más pronto iniciemos una campaña para su eliminación constitucional, se empezará a desmantelar la trama reaccionaria, corporativista y autoritaria que la ignorancia y la novelería impostaron en la Constitución vigente”.
Al leer las preguntas del Presidente queda claro que ha constatado que el tal quinto poder no es confiable y no debe existir. Pero en vez de plantear su eliminación, cambia el procedimiento para designación de Consejo de la Judicatura y toda la Función Judicial para controlarlas más directamente.
Si esto está claro, en vez de hacer un baipás a un mal procedimiento constitucional, el Presidente, si en realidad quiere afrontar lo de fondo, debe consultar si se mantiene en la Constitución ese engendro de “quinto poder”, para establecer una verdadera “representación ciudadana”.