Diego Araujo Sánchez

¿Consejo sin Julio César?

valore
Descrición
Indignado 2
Triste 1
Indiferente 2
Sorprendido 2
Contento 113

Los sabios constitucionalistas de Montecristi enmendaron la plana a Montesquieu en la clásica división de los tres poderes y gestaron otros, como el de transparencia y control social, a la cabeza del cual pusieron el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Le encargaron a su engendro “incentivar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción”.

El organismo sirvió para elegir autoridades al servicio del correísmo. Como un amenazante Frankestein, se propuso burocratizar la participación ciudadana: quería meter a las organizaciones sociales y grupos intermedios en el rígido cauce de una entidad estatal con el cordón umbilical atado al poder Ejecutivo. El puntillazo a la participación ciudadana fue el decreto 16, al amparo del cual el Gobierno anterior disolvió organizaciones sociales.

La corrupción campeó de forma escandalosa. El presidente Moreno reconoció que en “el 60% o 70% de las instituciones donde se pone el dedo salta pus”. Para muestra, basta un botón: Carlos Pólit, el contralor del Estado de la década, terminó como prófugo de la justicia cuando, bajo el auspicio del CPCCS, había sido reelegido con la puntuación más alta para el cargo. Fiscales, defensores del Pueblo, superintendentes dieron muestras de su subordinación al Gobierno que, a la sombra del Consejo de la Judicatura, nunca dejó de meter las manos en la justicia.

Ahora el CPCCS transitorio cuenta con la confianza de la mayoría de ecuatorianos. ¿Las garantías? La intachable personalidad de Julio César Trujillo al frente del organismo y la independencia que el Ejecutivo prometió a los consejeros. El CPCCS se halla en proceso de poner orden en la elección de autoridades de control. La evaluación al Consejo de la Judicatura refrenda la confianza.

En pocos meses más se elegirá nuevo CPCCS. Por la forma prevista, se avizora que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Los consejeros se elegirán “por sufragio universal directo, libre y secreto”. Se les exige una “trayectoria en organismos sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción, o un reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general”; al mismo tiempo, se excluye como candidatos a los afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos durante los últimos cinco años”.

El desprestigio de la política lleva al extremo de prescindir de los afiliados a partidos y movimientos, naturales intermediarios entre la sociedad y el poder, para ser propuestos como candidatos. Es una forma eficaz de debilitarlos. Con esa exclusión, hasta el meritísimo doctor Trujillo, destacado militante político, no hubiera podido integrar el CPCCS transitorio. ¿Cómo será el nuevo Consejo sin un Julio César?

daraujo@elcomercio.org