Danilo Arbilla

Concentración y abuso

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23 de July de 2012 00:01

Hugo Chávez, admirado de Lula, delfín –y financiador- de Fidel, novel miembro del Mercosur “depurado democráticamente“ mediante la suspensión de Paraguay, y quien presidirá y “garantizará” la pulcritud de elecciones que habrán de realizarse en Venezuela en octubre y en las que él se presenta a la reelección, avanza y se supera día a día.

Esta y ninguna otra es conclusión a la que se llega tras conocerse el último informe de Human Rights Watch , caratulado -“Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez”- , sobre la realidad que viven los venezolanos bajo el régimen “bolivariano”.

“Durante años, el Presidente Chávez y sus partidarios han venido construyendo un sistema que le da vía libre al Gobierno para amenazar y castigar a los venezolanos que interfieran en su agenda política”, afirmó el chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, el pasado martes 17 durante la conferencia brindada en el National Press Club en Washinton DC, y en la que se presentó el amplio y documentado informe. El trabajo de la respetada y reconocida organización de defensa de los derechos humanos es contundente. Podría resumirse en pocas frases: desde 1999, “el presidente Chávez y sus partidarios se dedicaron a concentrar el poder, tomando el control del Tribunal Supremo de Justicia y limitando la posibilidad de que periodistas, defensores de derechos humanos y otros venezolanos ejercieran derechos fundamentales”. “La acumulación de poder en el Ejecutivo, la eliminación de garantías institucionales y el deterioro de las garantías de derechos humanos han dado al gobierno de Chávez vía libre para intimidar, censurar e investigar penalmente a los venezolanos que critican al presidente o interfieren en su agenda política”.

En la investigación se ha recogido abundante testimonio y gran cantidad de elementos probatorios sobre cómo, según destacaron sus representantes, “el presidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional han adoptado medidas drásticas para conservar el control político del Tribunal Supremo de Justicia, que había sido sujeto a un copamiento político en 2004” y también como “tras las elecciones legislativas de 2010, que redujeron la mayoría chavista en el Congreso, los partidarios del presidente se apresuraron a reformar la ley que regula el proceso de designación de magistrados y a renovar la conformación del Tribunal Supremo de Justicia con miembros afines al Gobierno, antes de que los legisladores de la oposición pudieran ocupar sus bancas”.

Todo esto ha significado que “en los últimos años, la actuación del Tribunal Supremo de Justicia se haya deteriorado notablemente, ya que sus miembros han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado públicamente su compromiso con promover la agenda política del Presidente Chávez”.