Gran trascendencia ha alcanzado la descalificación presidencial a la Vicealcaldesa de Guayaquil. Lo dicho en un enlace nacional puso en entredicho –aunque otra haya sido la intención- la posibilidad de que descendientes de inmigrantes extranjeros, ecuatorianos por nacimiento, con apellidos que suenen a foráneos y con ciertas características físicas -diferentes a la mayoría de la población- tengan legitimidad representativa. Con el paso de los días, el Presidente matizó sus declaraciones: “El problema no está en el apellido. Es la arrogancia de hablar por todos cuando a lo sumo representa a la gallada”.
Así pasó del discurso del “otro”, del “diferente”, de la exigencia de “credenciales” asociadas a la pertenencia social, apariencia física, origen nacional, etc., como elemento de inclusión/exclusión de la representación política; a la negación de la representatividad de quien ha ganado un determinado cargo por decisión de los votantes por no ser parte de su proyecto político o no estar de acuerdo con sus ideas.
Esto pone en duda la legitimidad derivada de las “reglas de mayoría” en el sentido descrito por Norberto Bobbio como poder jurídicamente fundado, que es “ejercido con justo título, […] en la medida en que quien lo ejerce esté autorizado por una norma o un conjunto de normas generales”. Para Hans Kelsen, ‘El principio de mayoría, y por tanto la idea de la democracia, es así una síntesis de las ideas de libertad e igualdad’. Libertad para participar, para intervenir en la vida política, de no sufrir impedimentos para elegir o ser elegidos a un cargo público. Igualdad en tanto todos los ciudadanos tenemos ‘igual valor político”. Por ello, podemos sufragar o presentarnos a una candidatura sin necesidad de cumplir requisitos de pertenencia a un determinado grupo social, sexo, orientación sexual, profesar cierta religión o ideología, etc.
Obviamente, la representación política no es ilimitada, como tampoco los ámbitos de decisión de las mayorías, estos se encuentran restringidos por aspectos formales y sustanciales. Específicamente, los derechos humanos son los límites y objetivos del ejercicio del poder.
Se puede no simpatizar con la vicealcaldesa Tabacchi, criticar al partido que representa, estar en desacuerdo con la pertinencia de su discurso en el acto de homenaje al presidente uruguayo José Mujica, pero cuestionar su representatividad política es un error porque, con las diferencias obvias de los cargos que ostentan, el Presidente de la República tiene la misma base de legitimidad legal-racional que el de la Vicealcaldesa de Guayaquil: haber triunfado en unas elecciones.
En nuestra República la decisión de las mayorías y en el sometimiento a las reglas del juego (tanto sustantivas como procedimentales) son las fuentes del poder. La adhesión social a un proyecto político o el apoyo que reciba un líder carismático no cambia el hecho de que la nuestra sea una democracia representativa.