Miguel Rivadeneira

Consulta popular ya

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El “timing” (medida a tiempo) juega mucho para que el Presidente de la República convoque cuanto antes a la consulta popular. Hoy cuando goza de una enorme popularidad en sus primeros cien días de gobierno y cuando él ha sembrado la esperanza de un cambio con apertura al diálogo. El retorno a una plena democracia y el respeto a las libertades e instituciones, el combate a la corrupción heredada de los diez años del correísmo.

Entendieron mal la lealtad que reclaman principales actores del anterior gobierno. Que eso sigan haciendo a ciegas los del comportamiento ovejuno que quedan. No podía haber fidelidad, porque eso hubiese sido un encubrimiento a los atropellos, abusos y persecuciones, manipulación de la justicia (hoy se evidencian correos entre el ex mandatario y el titular de la Judicatura) y de los organismos de control y fiscalización, atentados contra los DD.HH. y la libertad de expresión. Criminalizó la protesta, con sentenciados y presos, en contraste con el indulto a condenados por corrupción. Denigró a instituciones (FF.AA.) y desinstitucionalizó al país con acciones que liquidaron la independencia de las funciones del Estado y otras novelerías. Hubo manipulación de las cifras económicas e incluso sin la entrega de todos los documentos públicos como denunciaran autoridades actuales del sector petrolero.

Frente a este panorama el Ecuador debe asumir con responsabilidad la coyuntura política y no puede mirar con indiferencia esta situación. Llega la hora de decidir si se echa abajo el modelo correísta, con tanta denuncia de corrupción que se ha destapado. Basta revisar lo ocurrido en el sector petrolero y aún falta por verificar cómo manejaron otros sectores estratégicos, bajo la dirección del Vicepresidente de la República, hoy procesado por el caso de Odebrecht, con la firma de contratos por miles de millones de dólares y el encubrimiento de entes de control y fiscalización. Esto se ha evidenciado las últimas semanas con nuevos informes de la Contraloría que han salido a la luz pública.

Las organizaciones sociales, la ciudadanía y todos los sectores deberían movilizarse pacíficamente (la Constitución ampara), con respeto al ordenamiento jurídico, para presionar y exigir en democracia la convocatoria a consulta popular y desmontar este modelo nefasto. Es una prioridad de la coyuntura. Cómo puede subsistir un Consejo de Participación Ciudadana que no ha sido tal y solo predominó la injerencia del poder central y el movimiento oficial para hacer nombramientos cuestionados en los organismos de control. Allí está la designación del ex contralor que hoy vive tranquilamente en Miami. Consejo que incumplió el mandato constitucional de la lucha contra la corrupción. La real participación ciudadana fue solo un eslogan de la enorme propaganda del anterior régimen.