Walter Spurrier

¿Y después qué?

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El formato de la entrevista del domingo 7 con el Presidente nos permitía a los participantes una pregunta y una repregunta por tema. A mis preguntas y comentarios, el Presidente contestó diáfanamente. Nadie puede ya decir que no conoce el real objetivo de los impuestos.

El Presidente declaró la guerra a las empresas familiares, y deslegitimó una de las principales herramientas de las familias de clase media para adquirir patrimonio: la inversión de riesgo en bienes raíces con expectativa de obtener en el momento de vender un rendimiento compensatorio del riesgo.

A las familias de clase media que no tienen empresas se les quita un mecanismo de ahorro; las familias que han creado empresas deberán pagar un impuesto confiscatorio cuando la empresa pase a la nueva generación. Bajo ninguna circunstancia estas leyes favorecerían el desempeño económico. Pero no podría el Presidente haber escogido un peor momento.

La caída en los precios del petróleo obliga a un drástico recorte de la inversión pública. Lo más probable es que en el futuro previsible el precio del petróleo oscile entre su nivel actual, de alrededor de USD 60 el barril, y un precio menor, unos USD 40. Adiós ingresos petroleros extraordinarios.

A los nuevos campos petroleros, ITT y Pungarayacu, no se los puso en marcha cuando los precios auguraban una buena rentabilidad.

Los yacimientos mineros en que se han comprobado grandes reservas, Mirador (cobre) y Fruta del Norte (oro), permanecen sin desarrollar. Si los trabajos fueran a arrancar hoy, tomaría tres años para que comiencen a producir y generar renta al Fisco.
La estrategia de crecer vía inversión pública se agotó. La inversión sumando pública y privada se reducirá en USD 2 000 millones este año, según estimado oficial. Lo obvio es que la inversión privada tome la posta.

A principios de marzo, cuando vendíamos nuestro petróleo a menos de USD 40 el barril, precio al cual el Gobierno no recibía un centavo, el Presidente tomó la iniciativa de abrir mesas de diálogo con el sector empresarial con miras a estimular la inversión privada.

Si se aprueban las leyes tributarias confiscatorias, ¿qué viene después? La consecuencia lógica es que se interrumpa el diálogo público-privado y se frene la inversión privada, lo cual, sumado a la falta de capacidad del sector público de incrementar su inversión, resultará en estancamiento económico y pérdida de plazas de trabajo. El estimado del FMI, de un crecimiento de 3,6% en 2016, se convertiría en espejismo.

La decisión del Presidente de mandar a la Asamblea estos dos impuestos, es ideológica: busca reducir la inequidad, sacrificando el crecimiento.

Esta menor inequidad vendrá por el empobrecimiento de clases media y alta, no por el mayor bienestar de los más pobres. Todos salimos perdedores.

wspurrier@elcomercio.org