Rodrigo Borja

La corrupción

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Ortega y Gasset escribió: “la moral es una cualidad matemática: es la exactitud aplicada a la valoración ética de las acciones”. Y eso es lo que hoy falta con frecuencia en la vida política del mundo. El divorcio entre la ética y la política ha causado mucho daño. Si hay una acción humana que debe estar sometida a la moral es la política y, dentro de ella, la acción gubernativa, bajo cuya responsabilidad está la conducción de los destinos de los pueblos.

Para gobernar se requiere una credencial ética, una legitimidad. Sólo así puede nacer la obligación moral de la obediencia.

Mandar es hacerse creer, tener crédito, suscitar confianza. El poder descansa sobre un andamiaje de creencias. La corrupción gubernativa —que lamentablemente es un signo de los tiempos— erosiona la autoridad, afecta la credibilidad de los órganos del poder y se convierte en una de las acechanzas más peligrosas contra la gobernabilidad democrática porque la sociedad entra en una suerte de anomia, es decir, de descomposición global, de ausencia de normas éticas y jurídicas e, incluso, de referencias morales para el comportamiento de las personas porque la inmoralidad en las alturas del poder suele expandirse en forma de metástasis sobre el tejido social.

Hace varios años el Secretario de Justicia de Estados Unidos, John Ashcroft, dijo que “la corrupción es un impuesto a los pobres” ya que “roba a los necesitados para enriquecer a los millonarios”.

Ciertas “democracias” son en realidad “cleptocracias”, en las que la corrupción se institucionaliza, forma su propia cultura —con sus códigos, usos y jerarquías, sus honores y su distinción social— y la honestidad es vista casi como una extravagancia.

En 1993 se fundó “Transparency International”, con sede en Berlín. Su propósito: combatir la corrupción en el ámbito público. Ella emite anualmente su “Global Corruption Report” que contiene el índice de percepción de la corrupción en los países. En su último informe (2015), entre 167 países estudiados, Dinamarca ocupó el primer lugar como el más honesto en su sector público, seguido de Finlandia, Suecia, Nueva Zelandia, Holanda, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá, Alemania, Luxemburgo, Inglaterra, Australia, Islandia, Bélgica, Austria, EEUU, Irlanda, Japón, Uruguay, Catar, Chile y los demás países.

Los más corruptos fueron: Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Angola, Libia, Irak, Venezuela, Guinea Bissau y Haití.
En América Latina y el Caribe los mejor ubicados fueron Uruguay (21), Chile (23), Costa Rica (40), Cuba (56), El Salvador (72), Panamá (72) y Trinidad y Tobago (72). Otros estaban bajamente situados: Dominicana (103), Argentina (107), Ecuador (107), Honduras (112), Guyana (119), Guatemala (123), Paraguay y Nicaragua (130), Venezuela (158).