Oswaldo Jarrín R.

No deliberantes

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Una manifestación de debilidad y pérdida de poder es la dominación, o sometimiento de instituciones, sin respetar sus leyes, a las que se reforma con la finalidad de hegemónicamente desarticularlas, sin dudar en denostarlas previamente, acusándolas de privilegiadas y subutilizadas. A una institución, que se le modifica su misión, estructura, organización jerárquica, doctrina de empleo, infraestructura y seguridad social, significa disimuladamente transformarla en otra institución que por temor al prestigio que se han ganado de la nación, no optan por su eliminación, valiéndose de que las FF.AA. son obedientes y no deliberantes.
La provocación incesante o la agenda oculta tramada (EL COMERCIO, 27, Noviembre, 2014), ha puesto a prueba la subordinación a la autoridad política, la cultura democrática de las FF.AA. y especialmente la decisión de no caer en la estratagema del ruido de sables, con lo cual se victimice el gobierno escapándose de la horrorosa situación del el país.

Para el cambio de misiones a las FF.AA., se han seguido absurdos procesos inversos para lograr los cambios en la ley. Se ha pasado de las medidas precautelares para las FF.AA. en el cumplimiento de misiones como la voladura de la maquinaria de la minería ilegal, para después realizar reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado y, con imprudencia, realizar la enmienda constitucional.

El representante político administrativo de las FF.AA. que es el ministro de Defensa se asocia con el ministro de Ambiente para reclamar por los terrenos de los Samanes, que al final se considera como error de buena fe, sin embargo se ordena el descuento del presupuesto del ISSFA. La ley del seguro social de las FF.AA., su régimen especial contemplado en varias leyes se anula y se propone irónicamente fortalecer a las FF.AA., mediante la abolición de sus derechos, sin opción a que se presente el Comando Conjunto para expresar su opinión sobre temas institucionales.

Finalmente en forma acelerada, faltando días para terminar el mandato presidencial, se discute en tiempo extra en la Asamblea, la creación de un cuerpo paramilitar, civil, armado con facultades de “liderar las actuaciones” de la Policía Nacional y de las FF.AA., en caso de ser necesario su empleo operacional, es decir se impone un mando al Comando Conjunto de las FF.AA., que no es el Presidente de la República.

Siendo inminente el informe presidencial y conociendo la actitud hostil del ministro Defensa, es necesario exigir el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Defensa, que en su art. 10 dice :“Presentar al presidente de la República y demás autoridades competentes los informes técnicos emitidos por los diferentes organismos de las Fuerzas Armadas”. El Comando Conjunto a su vez debería entregar esos informes que son de interés nacional.