Miguel Rivadeneira

¿Dónde está la fiscalización?

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Mientras más tiempo se permanece en el poder, peor si se cuenta con la reelección indefinida, hay el riesgo de que más actos indebidos se cometan. Esto se sale del control central y los ejemplos en política sobran. Es el caso de los 60 años del PRI en el poder en México.

Más aún cuando se produce el control absoluto de las funciones del Estado, incluida la justicia, de los debilitados organismos de control y se ha sembrado miedo y amenazas para que la prensa no investigue. Y si esta lo hace, se usa la ley que aprobaron a la medida para tratar de sancionar por “linchamiento mediático”. Esto ya pasó con las irregularidades encontradas por la Contraloría del Estado en el Consejo de la Judicatura de transición.

Hubo un Presidente de la República del Ecuador demócrata, tolerante y honesto, a fines del siglo pasado, que relató su experiencia en el poder durante los cuatro años de administración. En un comentario reservado contaba con los dedos de las manos a los honestos y decía figuradamente que si volvería a ejercer la primera magistratura del país tendría que poner a cuidar las acciones que cumplen sus más cercanos colaboradores. Qué decir del resto de la burocracia, que resulta difícil de controlar.

Perdón la redundancia pero a tal punto llega la actual situación que en la Asamblea Nacional, que tiene la obligación de fiscalizar a la par de legislar, se propone quitarle a la Comisión de Fiscalización la investigación por el caso de los helicópteros Dhruv. En un tema técnico no se puede decir que no valen los aparatos pero sí tiene que investigarse por qué se cayeron cuatro de los siete que se compraran en esta administración. Algo ha pasado en tan poco tiempo.

El ritmo de las investigaciones ha sido lento. La propia Secretaría de Estado de Justicia admitió que demoró la entrega del informe sobre el crimen del excomandante de la FAE, general Jorge Gabela, quien hiciera denuncias sobre presuntas irregularidades en la adquisición de esas naves, aunque fue clara al decir que nada tuvo que ver con sus cuestionamientos.

A esto se suma el testimonio público de un perito extranjero, contratado por esta administración, que declaró que en la comisión que investigó el caso recibieron presiones oficiales de ministros para eliminar 35 páginas de la indagación.

A tal punto ha llegado el deterioro de la fiscalización que, según los propios asambleístas oficialistas, existen altos funcionarios que no envían información que les han pedido y les han advertido que de no hacerlo podrían llegar a juicios políticos.

Qué decir del pobre papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que la Constitución vigente, art. 208, le ordena en su primer deber la lucha contra la corrupción. Por denuncia oficial y la entrega de datos, el Gobierno ha recortado el presupuesto para esta tarea y para establecer los índices de transparencia en el sector público.