Miguel Rivadeneira

Evidencias de la crisis

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Los hechos demuestran lo contrario de los discursos oficiales. Conforme se acercan las elecciones y el fin de la actual administración, se pretende minimizar las urgencias económicas y se trata de enseñar un país que no tiene mayores problemas y que todo va a quedar en orden. El enorme endeudamiento externo e interno, la emisión continua de bonos a tasas de interés altas, la venta anticipada de petróleo, el uso de recursos del seguro social -que son distintos del fisco, como señala la Constitución, que pertenecen a afiliados y jubilados- y los depósitos que obligatoriamente deben hacer los bancos privados en el Central, cuyo encaje bancario ha subido más del doble (del 2 al 5 %), reflejan la crisis interna. Esto sirve para cubrir el enorme gasto público y pagar sueldos, deudas y atrasos a contratistas del Estado. Solo el Banco Central, que recibe depósitos de instituciones públicas, entes seccionales y de la banca privada, ha entregado más de 4 mil 200 millones USD al Ministerio de Finanzas.

A esto se suma la reactivación del proyecto de Ley de Plusvalía, con el argumento de evitar la especulación de tierras y fijación de tributos, que ya fuera rechazado antes de la visita del Papa. En junio del 2015 el gobierno envió los proyectos de Ley de Herencias y de Plusvalía y que pretendieron aumentar sustancialmente los impuestos, pero las fuertes manifestaciones de protesta que se produjeron le obligaron a retirar las propuestas, la una por la vía urgente y la otra por el camino ordinario.

Cuando el régimen retiró de la Asamblea argumentó que fue para “permitir su adecuada difusión y obtener así el pleno convencimiento de la sociedad ecuatoriana sobre la necesidad de la norma” (carta de 15 de junio 2015). Resulta que este uno de diciembre vuelve a enviar por la vía urgente para que se apruebe rápidamente. Si bien hay cambios en el texto, se mantienen disposiciones que asustan a cualquier ciudadano cuando se fija el 75% de impuesto a las ganancias extraordinarias, calificado de confiscatorio y que castiga al esfuerzo individual de la gente, afecta a la generación de la riqueza y el emprendimiento. Todo esto en medio del desempleo, aumento de la pobreza, la galopante corrupción y una economía debilitada, cuando se demanda confianza y mensajes de certidumbre, seguridad y tranquilidad.

La carga tributaria en estos 10 años de gobierno ha crecido sustancialmente pese a los enormes ingresos que ha tenido, especialmente por la bonanza petrolera. Solo para mencionar unos: aumento del IVA e ICE, el impuesto a la salida de capitales, aranceles y salvaguardias hasta el 40 %, anticipo del IR, impuesto al patrimonio y a las tierras rurales, impuestos a los vehículos, limitación de las utilidades y muchos más. Sería bueno que el candidato presidencial oficialista diga qué va hacer con esto que afecta al empleo, porque el resto ha rechazado.