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La protesta no se detiene. Se extiende por todo el país, provoca pérdidas, genera focos de violencia.

La respuesta oficial es negar el problema, sostener que el paro y las manifestaciones son un fracaso, decir que se trata de intentos golpistas, que es cosa de dirigentes sin respaldo popular. El Gobierno mantiene el discurso corrosivo y las ­cadenas publicitarias .

Todos los grupos que participan en la protesta coinciden en el planteamiento principal: exigir el archivo de las enmiendas constitucionales. Para ellos, está claro el problema y consiste en la dominación del Poder Ejecutivo sobre los otros po­deres del Estado.

La Asamblea, a la cual se dirige el pedido de los ciudadanos carece de agenda propia; el famoso quinto poder se ha desvanecido en el aire; el Consejo Nacional Electoral no permite a los ciudadanos ni recoger firmas; la Contraloría se ha vendado los ojos. La justicia es manejada por el encargado de la disciplina. Lo peor, dicen, sería perpetuar esta falsa democracia con la reelección indefinida.

También partidarios de Alianza País dudan de la desafortunada idea de quedarse en el poder sin tomar en cuenta al pueblo. No se explica de otra manera que haya un 82% de ciudadanos, según las encuestas, que prefiere que se decida en una consulta.
Nada más contrario a la democracia que forzar enmiendas constitucionales en su propio beneficio. Es para que se les caiga la cara de vergüenza. Por eso, hay asambleístas de mayoría que dicen, en privado, que ellos, en tales condiciones, no serán candidatos.

Se trata de un desafío a muchos sectores de la sociedad. A los militares, a quienes se convertiría en policías. A los medios de comunicación, que terminarían como contratistas del Estado para repartir información en las condiciones establecidas contractualmente. A los gobiernos seccionales y a todos los ciudadanos a quienes se limita la posibilidad de pedir consultas populares sobre cualquier tema. A los obreros del sector público porque se les priva de los beneficios del Código del Trabajo. A la Contraloría que se convertiría en simple contadora, pues no podrá establecer si las instituciones del Estado alcanzaron o no sus objetivos.

La Asamblea de Quito y quienes piden el archivo de las enmiendas sostienen que el Gobierno de Alianza País debe cumplir su tiempo, ni un día más, ni un día menos, y piensan en el futuro. Algunos hablan de un gobierno de transición que se encargue de restaurar la institucionalidad del Estado.

Solo sería posible si los candidatos, en acto de desprendimiento político, aceptaran, si son elegidos, permanecer solo el tiempo necesario para recuperar la institucio­nalidad. La tarea más importante que tendrán los gobiernos del futuro es evitar la repetición de los errores del pasado y del presente; y el peor de los errores ha sido elegir un presidente para cuatro años y aceptar que se quede 10.

lecheverria@elcomercio.org