Jorge León

La privatización de lo público

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Es imaginable que se privaticen empresas públicas, pero que se privatice la palabra y que así se banalice la libertad de expresión, es sorprendente, es la modernización del autoritarismo.

Es lo que implica el impensable debate sobre las medidas de la Secom (Secretaría de Comunicación), que indica que las emisiones presidenciales y otros actos públicos presidenciales, por ser transmitidos por la Secom se vuelven propiedad registrada de esta entidad. Antes, Correa ya registró las sabatinas. Es decir, la entidad pública no es pública sino del presidente, tiene dueño. No por azar no había como utilizar extractos de sus discursos, en la campaña electoral.

Correa inició apropiándose de la cancha pública y aplastando a los contrincantes, al verse en redentor se permitía ser el único referente de todo. Comenzó la construcción de este sistema con la condena de organizaciones, prensa y partidos, así como la omnipresencia de su imagen, de su voz que definía lo que era y no era.

Ahora, aplica un sistema de control autoritario “perfeccionado”, cuanto más perfeccionado que los contrincantes y la prensa diferentes siguen presentes pero legalmente cortados las alas, reducidas sus posibilidades de informar.

No es pues el autoritarismo de los totalitarismos (Europa del Este o Cuba) o los fascismos, en nombre de la unidad de clase o de la nación. Es un autoritarismo perfeccionado que autoimpone limitaciones para expresarse, el censor no lee lo que se escribe, el autor se autocensura, sabe que no tiene derechos, pues la comunicación social debe ser comunicación gubernamental, no puede mucho apartarse de la versión oficial; lo que es público, la materia principal de debate es privada, es del gobierno. Está retratado así lo inconcebible en democracia en dónde los actos y las palabras de los electos, los políticos, son de dominio público. El gobierno defiende que sabe lo que conviene a la sociedad y es necesario dosificar lo que la gente debe saber. Promueve así un “derecho” a la manipulación, como en los gobiernos islámicos.

Al conservadurismo de Correa sobre derechos de la persona, se añade su concepción autoritaria, lidera así una revolución conservadora del sistema político y de la sociedad civil. Es el regreso a cuando la sociedad debía silenciarse para oír la voz del dogma, del incuestionable enunciado; ahora, ya no dicho por un religioso, sino por la voz presidencial.

Promueve así una despolitización de la sociedad, el inverso de la democracia que es pluralismo y diversidad de voces para evitar la concentración del poder.

Crea silencio ante la construcción del nuevo sistema y doble silencio ante su ejercicio que busca acallar y castigar a los disonantes, previo chantaje; reinar con una posición uniforme. Ninguna buena política social lo justifica.