Gonzalo Maldonado

Teoría de la “Muerte cruzada”

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La “Muerte cruzada” (MC) es un dispositivo constitucional diseñado para resolver casos extremos de bloqueo político. Este mecanismo fue tomado del mundo corporativo donde se le conoce como “Shoot-out Clause”, una provisión contractual que permite a una de las partes –casi siempre la que tiene minoría accionaria– vender su participación a un precio justo y terminar una asociación que considera inequitativa.

La MC es un recurso de última instancia a la que el Ejecutivo o el Legislativo pueden recurrir cuando asumen que la vía del diálogo ha sido agotada y que la posibilidad de un acuerdo político es nula.

Por ser un recurso de última instancia, la MC funge más como una “amenaza creíble” que cualquiera de las partes puede blandir para hacer que la otra se siente a negociar. Porque siempre será mejor llegar a un acuerdo –aunque sea parcial– que entrar en una época de enorme incertidumbre política como la que habría con una MC.

El presidente Correa puso este tema sobre la mesa cuando en tono amenazador dijo que si el nuevo Gobierno “no se portaba bien” regresaría al poder gracias a esta cláusula constitucional.
Esta declaración es sorprendente porque Correa asume que podrá manejar al bloque parlamentario de AP también desde su nueva condición de ciudadano común viviendo en Bélgica…

Por fortuna se sabe que el bloque de AP no podría iniciar unilateralmente una MC porque no tiene los votos necesarios para hacerlo. Sí podría, en cambio, el nuevo Presidente electo, durante los tres primeros años de su mandato. ¿Valdría la pena que lo hiciera?

Ciertamente que no. Una MC pondría nuevamente vacante el cargo presidencial y abriría la posibilidad de truncar el proceso de recuperación democrática que requiere el país.
Cualquier cosa podría pasar si se iniciara una MC. Podría llegar un gobernante aún más autocrático; más proclive al abuso y a la corrupción. Una MC equivaldría a abrir una verdadera Caja de Pandora que podría traer consecuencias políticas y económicas imprevisibles para el Ecuador.

Es cierto que la nueva Asamblea, donde la bancada de AP tendrá mayoría, anticipa un bloqueo político importante para el Presidente recién electo. Hay constitucionalistas que dicen que esto no será un problema porque el actual Gobierno ha entregado tanto poder al Ejecutivo y restado tantas atribuciones al Legislativo que el nuevo Presidente podrá gobernar sin necesidad de tener mayoría legislativa.

Hay, no obstante, otra posibilidad de evitar un posible bloqueo político: preguntando a los ecuatorianos –en la consulta popular que ya se ha anunciado– si quieren nuevas elecciones legislativas. A diferencia de la MC, esta opción no pondría vacante el cargo de Presidente. Es una opción políticamente legítima que valdría la pena ser analizada.