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La opacidad de las cifras económicas está llegando a niveles alarmantes. La prueba más reciente de ello es que el Banco Central ya lleva un mes de retraso en la entrega de las cifras de crecimiento anual para el año 2015. En su momento, el Gobierno anunció que creceríamos a 0,3% pero todo hace pensar que el valor final para aquel año ha sido negativo y, por esa razón, están tardando tanto en entregar la información.

Digo esto porque ocurrió lo mismo con las cifras de crecimiento trimestral de 2016. El 30 de junio pasado, el Banco Central tenía que divulgar aquel dato pero no lo hizo sino hasta mediados de julio. ¿Por qué? Pues porque el resultado que encontraron fue un decrecimiento interanual de -3%, una cifra que puso al desnudo la grave situación económica por la que atraviesa el país.

Este comportamiento atípico de las autoridades económicas no es reciente. El primer clarinazo de alarma lo dio Cordes en abril de este año, cuando expresó serios cuestionamientos a las cifras que se divulgaron sobre la cuenta denominada Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), que tiene un peso grande sobre el resultado final del PIB.

Por aquel entonces las autoridades dijeron que esa cuenta –que hace parte de la inversión total de la economía– sólo había caído en -2,5%. Pero para que aquel número fuera aritméticamente creíble hubiera sido necesario que la FBKF del sector privado hubiese aumentado en 23%, algo improbable.

Estos cuestionamientos fueron formalmente expuestos por la institución antes mencionada y las autoridades del Central no hicieron otra cosa que soslayarlos.

El Observatorio de la Política Fiscal –otra entidad seria que tiene el Ecuador– también ha expresado su preocupación por cómo se está llevando la contabilidad del sector público. Se están sobredimensionando los ingresos petroleros, dice aquella entidad, porque se contabilizan como tales a las operaciones de preventa que se hicieron con China.

También se subestima la deuda pública total porque en esta cuenta no se incluyen las deudas de corto plazo, como los Cetes, ni los más de 3 mil millones de dólares que el Ejecutivo adeuda al Banco Central.

Yo añadiría que tampoco aparecen como deuda los mil y pico millones de dólares que el Gobierno debe pagar anualmente –por mandato constitucional– a los afiliados del IESS, para el fondo de pensiones y que solo conocemos la tasa nominal de los bonos recientemente colocados en el mercado externo y no el costo real de esa nueva deuda, que pudo ser mucho más alto si los bonos se vendieron con descuento.

Todo esto hace obligatorio que el nuevo Gobierno promueva una auditoría internacional de todas las cifras macroeconómicas, pues el país debe saber la verdadera situación en la que nos deja el régimen actual.