En tiempos de crisis, los regímenes autoritarios se radicalizan en vez de abrirse al diálogo para encontrar salidas consensuadas a esa coyuntura difícil.
La historia nos ofrece abundantes ejemplos al respecto. Pero, ahora mismo, el más escalofriante es el de Nicolás Maduro, cuyo gobierno no cesa de tomar medidas que hunden más a la economía venezolana y siguen empobreciendo a su población que, a su vez, clama por ser escuchada.
Recuerdo, por ejemplo, que durante la pasada Navidad, Maduro ordenó que los electrodomésticos se vendieran a precios artificialmente bajos. Se dijo que aquella decisión beneficiaría a los más pobres. Pues bien, aquella decisión no solo provocó pérdidas cuantiosas a los comerciantes, sino que sembró las condiciones para que se produzca una escasez crónica de ese tipo de productos en Venezuela y para que las mafias de contrabandistas prosperen impunemente en el mercado negro de aquel país.
El Gobierno ecuatoriano parece haber entrado en una lógica similar: durante los últimos días, las autoridades han anunciado un impuesto a las herencias y también su deseo de romper el sigilo bancario en torno a los retiros que hacen las empresas y las personas en el sistema financiero.
Se ha dicho que la primera medida busca “democratizar la propiedad” y que la segunda busca controlar mejor el blanqueo de dinero. Ninguno de esos objetivos será alcanzado. Los únicos resultados tangibles que producirán aquellas medidas serán, en primer lugar, un descenso en la demanda de depósitos y, en segundo, un aumento en la venta de activos para convertirlos en dinero en efectivo. Esa plata será guardada bajo el colchón o transferida fuera del país.
Más que decisiones económicas, este tipo de medidas son proclamas ideológicas con las que ambos gobiernos –el ecuatoriano y el venezolano– creen ganar tiempo hasta que el petróleo vuelva a subir. Pero el petróleo no volverá a subir. El WTI podrá alcanzar cotas máximas de USD 70 por barril para luego bajar inexorablemente. Tenemos, por tanto, un serio problema estructural –y no coyuntural– en las finanzas públicas del país.
Un problema como ese no se corrige con ideología, sino mediante un gran acuerdo nacional que permita distribuir las cargas del ajuste de forma equitativa, protegiendo siempre a los más débiles.
El país necesita, por tanto, de un nuevo estilo de liderazgo político. Más que emular a sus socios políticos en Venezuela, las autoridades ecuatorianas deberían promover un diálogo con todos los estamentos de la sociedad.
Esto implicará ceder espacios de poder –algo que va en contra de la naturaleza autoritaria del régimen– y dar un giro de 180 grados en el manejo económico.
¿Estamos preparados para enfrentar un reto de esta magnitud? El tiempo lo dirá.
@GFMABest