Fernando Sacoto

‘Salud en todas las políticas’

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Analizar impactos beneficiosos o perjudiciales para la salud, de medidas que se toman en diversos sectores sociales y económicos, es el objetivo de “Salud en Todas las Políticas”, enfoque de salud pública orientado a promover decisiones saludables y evitar aquellas que generen enfermedad.

Dos hechos registrados en Ecuador en el pasado reciente son ejemplos de políticas adversas: producción de combustibles y revisión vehicular, respectivamente.

En el primer caso la contaminante reducción de octanaje de las gasolinas súper y extra se prolongó de junio de 2014 a junio de 2017 -con prórroga reciente hasta mediados de 2018– dejando sin efecto la mejora de su calidad, adoptada en abril de 2012; “Hechos y no palabras” decía entonces -en tiempos de bonanza- la ex ministra del ambiente Marcela Aguiñaga, destacando la reducción de emisiones de azufre que “afecta gravemente la contaminación del aire”, produciendo enfermedades respiratorias, especialmente en la altura.

La marcha en reversa, sustentada en la incapacidad fiscal de mantener el subsidio para aumentar el octanaje y la inconveniencia política de ajustar el precio de combustibles mejorados, mantiene en Ecuador niveles de azufre lejos de los estándares recomendados a nivel internacional.

La decisión presidencial de abril de 2016, de reducir los controles obligatorios de revisión del transporte público -antes semestral y desde entonces anual- es otra acción desacertada en tanto riesgo sobre la salud y la vida de las personas -especialmente usuarios de buses- como se constata a diario.

La medida, de clara conveniencia política, buscaba congraciarse con los transportistas que acogieron con entusiasmo la deferencia, pues les resarcía de “pérdidas” por “arreglos mecánicos y días sin trabajar”, según un reportaje de Diario EL COMERCIO que registró el desacuerdo de un concejal afín al gobierno, con el razonamiento lógico de la necesidad de más controles a más kilómetros recorridos.

El efecto negativo combinado de precaria calidad de combustibles y controles más laxos, determinó que las citaciones por exceso de opacidad – condicionante de problemas respiratorios y accidentes - se disparen en el primer año del erróneo decreto, según informes del Municipio de Quito.

Imprevisiones, cálculo político y predominio de intereses particulares son hechos cotidianos en múltiples ámbitos, irresponsablemente ubicados sobre el interés general de la salud de los ecuatorianos. ¿Interviene de alguna forma el Ministerio encargado de ejercer la autoridad sanitaria nacional?

¿Está presente el concepto, y disposiciones atinentes, de “Salud en Todas las Políticas” en el pobre articulado del proyecto de Código Orgánico de Salud?

Examinar con seriedad la ley más importante de salud del Ecuador es un mandato ético ineludible.