Diego Pérez

Columna del día después

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27 de October de 2013 00:02

En realidad el debate respecto del aborto no pasa -ni termina, por supuesto- solamente por su penalización. Hay varias razones por las que, creo, el Estado no debe criminalizar al aborto sino regularlo como un derecho: 1.- Porque el Estado es laico: Esto significa que ni las políticas públicas, ni las leyes ni la Constitución pueden ser elaboradas o discutidas sobre la base de los prejuicios, de los dogmas o de las creencias religiosas. No importa de qué religión hablemos: la regulación del aborto es un tema terreno, cuya discusión debe ser guiada por la razón y no por la fe, por las ideas y no por los credos. Además el Estado laico implica "…la autonomía de las instituciones públicas y de la sociedad civil respecto del magisterio eclesiástico y de las injerencias de las organizaciones confesionales, el régimen de separación jurídica del Estado e iglesia y la garantía de libertad de los ciudadanos en la confrontación con ambos poderes." (Valerio Zanone) Si se criminaliza el aborto por razones o influencias religiosas las instituciones políticas no serán autónomas, sino que en la práctica (en este caso) estarán sujetas al "magisterio eclesiástico".

2.- Porque el aborto debe ser entendido en conexión con otros derechos constitucionales: la discusión sobre el aborto no empieza ni acaba con la interrupción del embarazo. Las constituciones de los países democráticos son como un sistema de circuitos, de modo que si se corta uno de esos circuitos, el sistema deja de funcionar. Con esto quiero decir que se criminaliza el aborto, se sacrifica otros derechos constitucionales que son mucho más importantes (que la sanción): por ejemplo, el derecho a que la actividad sexual sea recreativa o estética, en vez de ser puramente reproductiva (es decir, el derecho a la intimidad y el derecho a la planificación familiar responsable y sin prejuicios). El derecho a que el Estado no sancione las decisiones libres -en este caso, soberanas- de la mujer. Que el Estado pueda penar con prisión o reclusión la interrupción del embarazo es, a mí no me cabe duda, una intrusión ilegítima en la vida privada. Y es, además, una intrusión ilegítima que resulta en la discriminación de la mujer.

3.- Porque el aborto amerita una discusión de salud pública: la interrupción del embarazo es, claramente, un tema de salud pública. Toda prohibición y toda criminalización terminan, por fuerza, en mundos paralelos y en zonas negras y grises. ¿Creen ustedes que va a dejar de haber abortos porque se re-criminalice la conducta? Seguramente ocurra más bien que se sigan produciendo abortos clandestinos, es decir interrupciones del embarazo en que se ponga en juego la vida de la madre y del no nacido. Y el Estado tiene la obligación de guardar y de garantizar la salud pública de sus ciudadanos. Esta es otra razón por la que criminalizar el aborto resulta, otra vez, en discrimen hacia la mujer.