Perdón y olvido para todos

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Natalia Springer
El Tiempo, Colombia, GDA

La propuesta que presentaba el expresidente Gaviria hace unos días no tiene que ver con incluir o no en una fórmula a todos los responsables del conflicto. Eso no es nuevo. Lo que propone es un pacto de amnistía general para guerrilleros y militares, pero también para testaferros, políticos, financiadores, narcotraficantes, ideólogos, etc.

La justicia transicional incluye, entre muchos instrumentos, las amnistías, los perdones y los indultos, pero existe un consenso en el derecho internacional sobre ese tema: Esas amnistías deben ser otorgadas en forma individual y deben incluir un compromiso de verdad y reparación para las víctimas, pero en ningún caso pueden incluir los crímenes de lesa humanidad; No pueden cobijar actos de violencia motivados por avaricia y ganancia personal. He aquí el asunto: el conflicto colombiano no ha sido motivado por causas raciales o religiosas, y hace mucho que la política dejó de importar. En ese orden de ideas, la cuestión de si debe favorecerse con una amnistía o un arreglo especial a quienes, forzados por las circunstancias, se vieron obligados a entrar en el conflicto no es problemática. Lo más complejo es si debe favorecerse a quienes hicieron de la guerra su negocio personal, por ejemplo, y pagaron para fomentar el desplazamiento en territorios que necesitaban para desarrollar sus negocios legales e ilegales. ¿Acaso se trata de ofrecer amnistía a cambio de que devuelvan las tierras o entreguen los beneficios de su negocio, cuenten la verdad y pidan perdón? O, por el contrario, ¿esta amnistía se ampliaría a la legalización de esas fortunas y al mantenimiento del statu quo?

Lo más complicado de la propuesta de Gaviria es que queda en el ambiente la impresión de que la justicia transicional es un marco de impunidad para los poderosos, lo que terminaría reduciendo nuestro Estado de derecho a un Estado eunuco, apenas capaz de llevar a juicio a los pobres. La justicia transicional incluye amnistías, indultos y perdones, como los que de facto se producirán ante la imposibilidad de llevar a juicio a los responsables de cada hecho ocurrido en el marco de un conflicto tan complejo y largo como el colombiano. Pero no es el único instrumento. Incluye las purgas institucionales, las reformas constitucionales, la promoción de reformas para la ampliación de la protección especial de minorías afectadas por el conflicto, las comisiones de verdad y otros tipos de comisiones de investigación y, –esto ha sido definitivo para la estabilidad postransición– la persecución criminal de los máximos responsables. Más que el cese del fuego, es un cambio estratégico en el statu quo y en la conformación de las élites que fomentaron la violencia lo que ha hecho posible la solidez de los pactos de transición. A pesar de que el acuerdo original incluía amnistía total, fueron los procesos contra Slobodan Milosevic, Radovan Karadic y Ratko Mladic los que permitieron la estabilización de los Balcanes, al igual que en Nüremberg.

La persecución judicial es definitiva más que para condenar a individuos para restablecer los límites éticos de una sociedad; o para asegurar el cumplimiento de los principios transicionales: la garantía de no repetición y la reconciliación.