29 de July de 2010 00:00

Código productivo

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Miguel Macías Carmigniani

Siendo el Ecuador uno de los países menos productivos en América Latina, es necesario otorgar a los empresarios privados una serie de ventajas competitivas que den como resultado un notable incremento de producción. Aplaudo la decisión de la ministra Cely de proponer un Código de la Producción, para reactivar al sector productivo, para cuyo efecto ella se ha reunido con varios gremios de empresarios.

No obstante lo antes indicado, es necesario que el Gobierno nacional firme acuerdos comerciales para incentivar la producción, por lo menos con la Unión Europea y con los Estados Unidos, como lo han hecho Perú y Colombia, los cuales han crecido significativamente.

El Gobierno tiene que aceptar que es la empresa privada la mayor generadora de fuentes de trabajo, y que no se puede prescindir del sector privado para sacar al país adelante.

En ese Código, deberán establecerse claramente los incentivos tributarios que reclaman los empresarios; reducir al máximo posible los aranceles aduaneros para la importación de bienes; que el sistema aduanero no se convierta en un obstáculo para el comercio exterior; reducir la tarifa del Impuesto a la Renta (IR), simplificando los procedimientos de determinación y liquidación tributaria (el IR más los gravámenes a las utilidades deben arrojar una tasa impositiva competitiva); implementar zonas especiales de desarrollo económico; flexibilizar la Ley laboral, pero, sobre todo, es imprescindible que se otorgue seguridad jurídica, la cual no tenemos. Que no vuelva a ocurrir lo que les está pasando a las compañías petroleras, a las que se amenaza con terminar unilateralmente sus contratos y botarlas del país, si no acceden a firmar lo que el Gobierno les quiere imponer.

La exoneración del pago del Impuesto a la Renta a los dividendos que reciben los accionistas, luego de que sus empresas paguen el 25% de IR; la eliminación de aranceles de aduana a la importación de bienes de capital que no se produzcan en el país; y un tratamiento especial de depreciación acelerada para activos fijos que tienen una vida útil muy corta, serían medidas atractivas para impulsar la producción.

Es conveniente que se garantice a los inversionistas que estos podrán acogerse a un régimen de estabilidad tributaria, por el número de años que requieran, para amortizar su inversión en nuestro país.

Fomentar la producción nacional de bienes y servicios y su comercialización, implementar la competitividad sistémica de la economía nacional e incentivar la inversión privada en actividades productivas y de servicios, parecen ser los principales propósitos de este proyecto de ley.

Ya es hora de que después de tres años de desacuerdos y confrontaciones con el sector privado, el Gobierno logre acuerdos a largo plazo con tan importante sector de la economía.

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