Washington Herrera

Productividad laboral y equidad

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Las propuestas laborales del presidente Correa tienden a una mejor inclusión de la población pobre y pueden afectar a una parte de la clase media alta y reducir las opciones de trabajo para los jóvenes.

Las reformas al Código de Trabajo deben mejorar las condiciones de los trabajadores actuales, pero también procurar que los empleadores contraten más personal. Los temas propuestos por el Presidente sobre la base de la estabilidad, equidad social y justicia remunerativa deben ser aplicados con sagacidad y flexibilidad, a fin de no ahuyentar a la inversión y evitar los posibles efectos contraproducentes en el empleo.

La estabilidad laboral debe ir de la mano con la productividad del trabajador, para fomentar la excelencia que tanto requiere el recurso humano del Ecuador.

La eliminación de los contratos a plazo fijo es una rigidez que impedirá que se abran puestos de trabajo para los jóvenes que se inician, para los trabajadores agrícolas estacionales y para los empleos por temporadas que demandan ciertos sectores productivos. Aquí cabe un sistema flexible e inteligente, so pena de afectar a la clase media vulnerable.

Prohibir el despido intempestivo a las trabajadoras embarazadas es justo y necesario, siempre que no desestimule a los empleadores a contratar mujeres. Establecer un año de indemnización adicional por despido a determinados grupos humanos más bien disminuirá la oferta de trabajo dirigida a ellos.

Señalar 24 salarios mínimos como máximo ingreso de utilidades anuales a cierto número pequeño de trabajadores es apropiado y quizá redunde en que las empresas paguen más bien mejores salarios, pero hay que resolver las contradicciones constitucionales y legales. Por otro lado, si el Gobierno quiere más ingresos, lo puede hacer vía impuesto al patrimonio elevado o a la renta de las empresas oligopólicas y/o con utilidades excesivas.

Si bien hay inequidad en los extremos salariales, limitar los sueldos de los ejecutivos para estrechar la brecha salarial puede resultar teórico e impactar en los inversionistas extranjeros, que no vendrán a percibir sueldos no competitivos en el mercado laboral privado y empujará al éxodo de ejecutivos nacionales a mercados atractivos. Esta norma debe ser administrada con una adecuada especificidad si queremos más inversión productiva en proyectos nuevos, de base tecnológica y estratégicos para progresar en la producción moderna, porque no podremos construir el futuro solo con una inversión estatal decreciente.

Por fin, en lo relativo a la inclusión potencial de un millón y medio de amas de casa en un seguro de vejez, invalidez y muerte, vemos una señal positiva de justicia social que aliviará las carencias futuras de aquellas. Ojalá el IESS resuelva los problemas financieros de este instrumento creativo para cumplir con este loable propósito.