Sebastián Mantilla

Ciudadanía universal

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El Ecuador es uno de los pocos países a nivel mundial que contempla en su legislación la libre movilidad o ciudadanía universal. Si hasta hace pocos años atrás esto podía considerarse como un gran avance, en la práctica, dadas las condiciones de América Latina y en especial de Venezuela, se está convirtiendo en un problema y en un serio factor de vulnerabilidad.

Hace pocos días la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) emitió un comunicado en el que exhorta a los países de la región que, ante la crisis que vive actualmente Venezuela y el aumento del flujo migratorio, puedan sus ciudadanos ser considerados como “refugiados”.

De acuerdo a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas” se ve en la necesidad de abandonar su país de origen y buscar el amparo de otro que sí garantice sus derechos. La ACNUR, más allá de lo que establece la Convención de Ginebra, está interpretando y ampliando la condición de refugiado a toda persona que es afectada y sufre (no necesariamente que es perseguida) de una crisis económica – social. Es decir, todos podemos ser refugiados.

En este comunicado la ACNUR, a más de mencionar la necesidad que tienen los países de la región de cumplir con los acuerdos sobre refugiados (de 1951 y 1984), ha pedido que se respeten “los estándares mínimos” y no forzar el retorno de ningún venezolano a su país.

Colombia, que hasta hace poco era la nación de donde salía el mayor número de refugiados (por efectos de la violencia), vive un fenómeno inverso: se está convirtiendo en el principal destino del éxodo venezolano. En los últimos meses ha recibido más de 600 mil venezolanos.
En el caso del Ecuador, aunque no hay cifras oficiales, se estima que en el 2017 ingresaron cerca de 231 mil venezolanos. Si tomamos en cuenta el exhorto de ACNUR y, por otra parte, el hecho de que aquí rige la libre movilidad o ciudadanía universal, ¿significa entonces que no debería haber límite para la acogida de ciudadanos venezolanos, que incluso ahora deberían ser considerados como refugiados? ¿Tiene el Ecuador, más allá de lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la capacidad para recibir más inmigrantes?

En lugar de jactarnos por ser el país de América Latina y el Caribe que más refugiados acoge y donde rige la ciudadanía universal, deberíamos primero asegurarnos de que nuestros conciudadanos tengan garantizados sus derechos (trabajo, seguridad, salud, educación, etc) y luego ver hasta qué punto podemos seguir recibiendo más inmigrantes. Incluso otro motivo para, por la vía diplomática, ejercer mayor presión para un cambio de régimen político en Venezuela. Eso ahora es pedir peras al olmo.