Marco Arauz

El Chucky video

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29 de April de 2012 00:02

Más allá del debate sobre si un video realizado por una de las partes involucradas en un presunto acto de corrupción puede o no puede ser incorporado a una investigación judicial, y si la parte denunciante puede ser considerada o no corresponsable, las nuevas revelaciones en torno a la autoría de la sentencia contra diario El Universo debieran ser motivo de una indagación seria en cualquier sistema de justicia independiente.

No se debe olvidar que la sentencia del juez ocasional Juan Paredes, criticado en su momento por la velocidad con la cual actuó, fue el punto de partida para que la Corte Nacional condenara al pago de USD 40 millones y a tres años de prisión al ex editor de Opinión y a los directivos del diario guayaquileño, por supuestas injurias contra el ciudadano Rafael Correa.

Pese a que estaba en curso una indagación fiscal sobre presuntas irregularidades en torno a la maratónica sentencia de Paredes, al existir la sospecha de que su verdadero autor fue el abogado defensor de Correa, los recién posesionados jueces se bautizaron con una sentencia condenatoria que se acoplaba a los intereses y a los tiempos políticos del Presidente e ignoraron la denuncia al considerarla una materia fuera del análisis jurídico.

Después vino el ya famoso perdón presidencial, una respuesta política a la reacción internacional que provocó aquel engendro jurídico que no solo irrespetó el debido proceso sino que lucía descomunal y sobre todo quería legitimar la figura de la autoría coadyuvante, al extender a los directores de una publicación la responsabilidad por una opinión firmada por un articulista.

El conveniente perdón, sin embargo, no borra el precedente jurídico contra los sentenciados. Ahora en el video -que provoca vergüenza ajena- hay algunos elementos que debieran ser analizados con seriedad por la justicia, si esta en verdad quiere recuperar la credibilidad que requiere para combatir con eficiencia la impunidad y los otros males de la seguridad pública en el Ecuador.

El Fiscal de Guayas, quien sustancia la denuncia sobre el posible pecado original, tiene ante sí una dura prueba. El sistema judicial en su conjunto -tan preocupado, por ejemplo, de procesar a los miembros de la Veeduría Ciudadana que llegó a una conclusión enojosa para el presidente Correa en el caso de los contratos de su hermano Fabricio Correa- tiene la oportunidad de beneficiarse de una indagación objetiva e independiente.

Pero eso ciertamente debe resultar difícil ante un superpoder que se siente dueño de las reformas judiciales, que califica de “informantes” de Estados Unidos a periodistas que cometieron el crimen de conversar con los delegados diplomáticos de ese país, y que está dispuesto a poner en el lado de los enemigos de la revolución y del Gobierno incluso a los asambleístas de su partido que osan hacerle ‘exhortos’.