El Presidente de la República viene señalando desde hace un par de semanas que Ecuador es el que más ajustes ha hecho en el Presupuesto del Estado comparado con el resto de países de América Latina, como si esa medida fuera digna de reconocimiento.
Para un gobernante que ha defendido el papel dinamizador del Estado en la economía, un ajuste fiscal en épocas de crisis es una contradicción, una traición a los principios.
La teoría keynesiana, aquella que dice practicar la revolución ciudadana, promueve una activa participación del Estado en la economía a través del gasto público. Pero esa participación es eficaz en épocas de recesión como la actual, aplicando políticas contracíclicas; es decir, gastando más con el fin de reactivar la economía y el empleo.
Pero al contrario de lo que manda la teoría keynesiana, el Gobierno se jacta de haber conseguido un ajuste del 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos USD 3 200 millones durante el año pasado. Para este 2016 anuncia que serán alrededor de 2 800 millones más. Mientras la economía se enfría, el Gobierno está colaborando, a través de la reducción del gasto público, para que la crisis se acelere.
Pero no hay que sorprenderse de que eso esté sucediendo. El propio Gobierno se anticipó en señalar que la variable de ajuste en épocas de crisis como la actual sería la inversión pública. Y lo está cumpliendo al pie de la letra: en el 2014 el crecimiento de la inversión pública fue nulo respecto al año previo y el año pasado se redujo 26%, la mayor caída registrada en nueve años de la actual administración. Para este año se espera una nueva reducción porque las fuentes de financiamiento están limitadas y el Fisco no ha generado ahorros.
En este sentido, tener el mayor ajuste fiscal de la región significará bajar la inversión pública, reducir el crecimiento del país y dejar que aumente el desempleo, como ya está sucediendo.