César Montúfar

La Comisión Anticorrupción

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La Comisión Nacional Anticorrupción le está haciendo un bien enorme al país. Luego de ocho años y medio de silencio tenemos un informe fundamentado, sistemático y completo sobre un (supuesto) caso de corrupción. Y este informe no viene de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ni de ninguna institución pública de control, sino de un grupo de ciudadanos que, sin inmunidad ni protección algunas, solo amparados por su compromiso con el país y su prestigio personal, se ha dedicado a investigar para presentar al Ecuador la evidencia que ha llegado a sus manos. Su primer producto es el informe sobre el proceso contractual y la ejecución de la hidroeléctrica Manduriacu, en el cual existirían gravísimas irregularidades tanto en el valor total de la obra como en el volumen y capacidad de generación eléctrica de la misma. El informe está plenamente respaldado y se basa, en gran medida, en hallazgos de la propia Contraloría, de modo que estamos antes un trabajo de investigación serio y escrupuloso. La Comisión entregará su informe a la Fiscalía para que esta entidad, que sabemos no es independiente del Ejecutivo, determine las responsabilidades legales que correspondan. Todo un gran esfuerzo cívico de un grupo de ciudadanos intachables, entre los que se cuentan Julio César Trujillo, Simón Espinosa, Isabel Robalino, Germán Rodas, Jorge Rodríguez, entre otros.

La respuesta del Gobierno, en vez de agradecer a la Comisión, en vez de relievar el aporte de ciudadanos que en su vida han sido ejemplo de una vida nítida y de amor al país, y poner el ojo en quienes estuvieron a cargo del proceso de contratación y ejecución de esta obra, ha sido descalificar a sus miembros, aclarar las supuestas imprecisiones del informe y amenazar a los integrantes con emprender procesos legales en su contra. Como que se pretende cubrir el sol con un dedo, a golpe de prepotencia y declaraciones confusas. Sobre todo, el Presidente debería despertar a la tenebrosa realidad de corrupción oficial que la presentación de este informe sugiere. ¿Qué más habrá? Es la pregunta que resuena ante el aterrador panorama de un Gobierno que ha administrado una riqueza descomunal, sin controles ni contrapesos.

¿Pero por qué en el Ecuador son los ciudadanos quienes deben asumir estos riesgos? ¿Por qué las instituciones llamadas a fiscalizar y realizar control político de los actos del Gobierno no han producido en todo el período del correísmo un solo informe que se iguale, en fundamentación y profundidad, al que ahora nos presenta esta Comisión? ¿Podemos creer posible que en la época en que el Gobierno ha dispuesto de más de 200 mil millones de dólares para gastar, no se hayan ocurrido irregularidades que merezcan un informe como el de la Comisión, que no está financiada por el Estado, sino que es fruto del esfuerzo de sus integrantes?

Estas preguntas y el comportamiento del oficialismo solo tienen una posible respuesta: Vivimos un tiempo de impunidad institucionalizada en que el silencio es la única política oficial de lucha contra la corrupción.