10 de June de 2012 00:00

César Carrión, ¿inocente?

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Marco Arauz

Al fin ha quedado comprobado que el coronel César Carrión, ex director del hospital de la Policía, era una de las piezas del engranaje de la conspiración que se armó el 30 de septiembre de 2010 para derrocar a la revolución ciudadana. Como había ofrecido, el Gobierno comprobó de modo fehaciente, con cifras, horas, nombres, todos los detalles de aquel condenable incidente en el cual no tuvo ninguna responsabilidad el Presidente.

Ese "majadero" que olvidó quién era su jefe se reincorporó el viernes a la Policía. Todo se debe seguramente a que la conspiración también funcionó en las tres instancias judiciales que lo absolvieron. Otros conspiradores, algunos de ellos por el gravísimo delito de irrumpir en las oficinas de un canal estatal en Quito y en una dependencia gubernamental en Riobamba, recibirán su merecido.

La reforma de justicia va viento en popa. La decisión del fiscal de Guayas, Antonio Gagliardo, de desistir de la investigación por presunta falsedad ideológica en la redacción de la sentencia contra El Universo, para postularse a la Corte Constitucional, es una simple coincidencia. Si fue relegado en la elección de Fiscal General, ahora tendrá una justísima oportunidad. Además, el Estado, es decir el Gobierno, cuenta con el aval del probo veedor español Baltazar Garzón sobre los avances en la infraestructura de la justicia. Ya está asegurada la independencia de tan importante función, y en breve plazo quedará atrás la impunidad que agobiaba al sistema. Y quedarán atrás también los cuestionamientos a las pruebas aplicadas para escoger a los funcionarios judiciales.

La aplicación de la Ley de Tránsito no podía ir mejor. Los choferes profesionales, a quienes se trata con guante blanco y se subsidia para que no empañen la marcha del proyecto, reclamaron con una manifestación porque aún no funcionan las escuelas para recuperar los puntos que perdieron por cometer infracciones. Y las graves irregularidades en la contratación de chalecos reflectivos por USD 9 700 000 (comprados por el Estado y facturados a los usuarios) merecieron una salida genial por parte del actual Director de la Agencia Nacional de Tránsito: suspender la obligatoriedad de su uso.

Las denuncias sobre la manera en que el Banco Nacional de Fomento habría favorecido a una empresa cercana a familiares de un altísimo funcionario no cuestionan para nada el sistema de compras publicas y merecen ser ignoradas. Solo son válidas las auto denuncias como las de las compras de maíz y el desvío de fondos en el Ministerio del Ambiente. Y en el caso de las avionetas sospechosas que siguen entrando al país, el problema no es que los sistemas de detección no estén funcionando: lo importante es seguir un juicio contra los traidores a la patria.

En suma, la moral pública está por todo lo alto y merece recalcarse con una propaganda grandilocuente en horarios estelares como los de la transmisión de los partidos de la Selección.

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