19 de January de 2011 00:00

Cero participación

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Luego de aprobada la Constitución en septiembre del 2008, las expectativas que se generaron por el contenido y aplicación fueron grandes. Se comentaba que era de las cartas políticas más completas y progresistas que ha tenido el Ecuador, sobre todo en términos de derechos. Uno de esos tiene que ver con la participación ciudadana.

La Constitución , en su art. 95, dice: “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”.

Este artículo es realmente poderoso, porque faculta a todos los ecuatorianos a intervenir y participar en casi todos los asuntos de interés público. Implica un cambio sustancial en relación con esquemas anteriores. Deja atrás esquemas tradicionales de democracia representativa por esquemas novedosos y más actuales de democracia directa y participativa. Sin embargo, pasados dos años de la entrada en vigencia de la Constitución, muy poco se ha avanzado en participación.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, desde su conformación, ha tenido serios cuestionamientos. En primer lugar, el proceso de selección de sus miembros fue empañado por el ‘manoseo’ e influencia que tuvo el actual Gobierno. Segundo, pese a estar funcionando por más de un año, muy poco se ha hecho en términos de lo que manda el art. 208 de la Constitución: Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública; propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción; investigar sobre casos de corrupción; establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público; promover la realización de veedurías ciudadanas y mecanismos de control social, al menos de las principales instancias del poder público; avanzar en la designación de autoridades de control como Fiscal, Defensor Público, miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, etc.

Esto ha hecho que el período de transición se extienda, que las instituciones no puedan funcionar con normalidad y que, sobre todo, la intención de hacer realidad la participación ciudadana interviniendo en las decisiones y el control social esté en el limbo. Mucho más, cuando ahora el presidente Correa quiere promover una consulta popular donde desconoce plenamente las funciones del ineficiente y etéreo Quinto Poder.

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