Carey L. Biron

Militarización policial

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20 de agosto de 2014 23:45

La muerte a balazos de un adolescente afrodescendiente desarmado por los disparos de un policía blanco en el sur de Estados Unidos desató la indignación pública en torno a cuestiones de raza, clase y brutalidad policial.

Parte de la discusión se centra en la magnitud alarmante de la fuerza y las armas de tipo militar que utilizó la policía frente a las manifestaciones públicas tras la muerte el 9 de agosto de Michael Brown, de 18 años, en Ferguson, en el sureño estado de Misuri.

Esta situación llevó tanto a legisladores progresistas como conservadores de este país a reclamar la modificación de una ley que, desde los años 90, proporciona pertrechos militares excedentes a las fuerzas policiales estadounidenses. Pero ninguna discusión ha levantado el hecho de que esa militarización policial se exporte en forma creciente a países aliados, con el fin oficial de que luchen contra el terrorismo o el tráfico de drogas. En el caso de América Latina, se incluye a Colombia y México.

La ley, supervisada por el Departamento de Defensa y conocida como el “programa 1033”, surgió originalmente como un respaldo a los agentes del orden en la lucha contra el narcotráfico.

“Tenemos que desmilitarizar esta situación”, afirmó Claire McCaskill, una de los dos senadores de Misuri. “Este tipo de respuesta de la policía se convirtió en el problema en lugar de la solución”, añadió.

En un artículo titulado “Debemos desmilitarizar a la Policía”, el senador conservador Rand Paul señaló que en la aplicación de la ley “debe haber una diferencia entre la respuesta policial y la respuesta militar”.

Para la represión de las protestas tras la muerte del joven Brown, la Policía de Ferguson utilizó armas de alto poder, gas lacrimógeno, chalecos antibalas e incluso vehículos blindados similares a los que emplean las Fuerzas Armadas en guerra.

El Congreso adoptó el programa 1033 debido a “la real inquietud de que las autoridades locales del orden público se vieran literalmente superadas en potencia de fuego por los criminales de la droga”, declaró Carl Levin, presidente del poderoso Comité de Servicios Armados del Senado.

“Nuestra intención con estos equipos era mantener a los agentes de Policía y sus comunidades a salvo de los narcotraficantes fuertemente armados y de incidentes terroristas”, precisó. “Vamos a revisar este programa para determinar si el equipo proporcionado por el Departamento de Defensa se está utilizando como se debe”, añadió.

A pesar del extraordinario consenso que existe entre políticos conservadores y progresistas sobre los peligros de una Policía militarizada, no parece que esa inquietud se extienda al creciente apoyo de Estados Unidos a la militarización de las fuerzas del orden en otros países.

Según los últimos datos, durante el 2009 Washington brindó más de USD 3 500 millones en ayuda extranjera destinada a las actividades policiales, sobre todo en Afganistán, Colombia, Iraq, México, Pakistán y los territorios palestinos.