Más de 4 años duró el conflicto entre Estado, en busca de un mayor porcentaje de la renta petrolera, y las empresas hidrocarburíferas, en defensa de sus derechos contractuales.
Eso quedó atrás. Algunas empresas importantes aceptaron migrar a los nuevos contratos. Otras: Occidental, Perenco, Petrobras y EDC salieron, las dos últimas aparentemente indemnizadas, las dos primeras, con litigios pendientes en el Ciadi, que pudieran resultar adversos a los intereses nacionales.
Previo al inicio del conflicto, las petroleras se encontraban en etapa de agresiva inversión, ya que sus compromisos de ship-or-pay con el OCP requerían que paguen por transportar más crudo del que producían.
El resultado de estos 4 años de conflicto es una mayor rentabilidad estatal por barril, pero también un menor número de barriles descubiertos, desarrollados y producidos.
Si el petróleo queda sin descubrirse y desarrollarse durante el período de la historia en que sea la principal fuente de energía para el transporte, se corre el riesgo a desperdiciar este patrimonio de recursos naturales.
¿Quién va a invertir para descubrir nuevos campos petroleros y aumentar nuestra producción, exportación y fuentes de ingreso para el Estado, que sirvan para dinamizar la economía?
Carezco de acceso a los nuevos contratos. A juzgar por las notas de prensa, la negociación del ministro Pástor acertó en ampliar plazos y otorgar nuevas áreas a las petroleras firmantes de los contratos, puesto que estas van a explorar y desarrollar las nuevas áreas. AGIP y PetroOriental serían las más motivadas.
Referente a los campos estatales, el Presidente dio seis meses de plazo para que se concreten contratos con empresas que los operen. Se publicó el listado de potenciales contratistas. Son empresas de primera, pero de servicios. No son operadoras que incurren en riesgos.
El Gobierno apuesta a extraer más rápidamente las reservas recuperables, no a conseguir que una mayor parte de las reservas detectadas pasen a ser recuperables. Lo cual es un desperdicio: por obtener más hoy, se sacrifica el llegar a extraer más crudo.
Luego está la expansión de la frontera petrolera: el Suroriente, y una vez que se reconozca oficialmente que la estrategia del Yasuní no logró concitar el apoyo financiero requerido, la explotación de Tiputini y Tambococha.
Ante la pobre reputación del Gobierno Nacional entre las petroleras privadas, se habla de contactar a las estatales de la OPEP. Pero aquí hay un potencial conflicto de intereses: a ningún país de la OPEP le conviene que otro país incremente su producción petrolera, puesto que ello presiona los precios a la baja.
Conseguir inversión de riesgo es el nuevo desafío de las autoridades petroleras. Las opciones están severamente limitadas.