Enfoque internacional

Bolivia, al límite en libertad de expresión

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
16 de July de 2013 00:05

El Gobierno está, desde hace rato ya, utilizando sus distintas potestades tributarias e institucionales para intimidar y presionar a aquellos que disienten de sus políticas o de sus conductas.

Lo que acaba de suceder con la presión ejercida por funcionarios de la AFIP sobre el propio presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y sus familiares es un grave, claro y reprobable ejemplo de lo antedicho.

Esa conducta, que tiene una clara raigambre autoritaria, está caracterizando a otros países del continente. Aparece cada vez con más frecuencia, y con toda suerte de ropajes, en los escenarios del universo "bolivariano" regional. No sólo en Ecuador, país en el que Rafael Correa acaba de materializar su sueño de amordazar a la prensa independiente y ahorrarse así las críticas a su régimen, mediante la sanción de una cercenadora ley de medios, sino también en Bolivia, donde el presidente Evo Morales comparte ese profundo rechazo a la libertad de prensa.

Por esto, cabe manifestar una profunda preocupación por la dura embestida de Morales emprendida contra El Diario, el periódico más antiguo de Bolivia, al que podría clausurarse en relación con una deuda impositiva cuya enorme magnitud rechaza la empresa y que, además, se está debatiendo aún en las instancias legales.

El Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia ejecutó una orden de embargo contra la empresa propietaria del mencionado diario, a la que consideró en "quiebra técnica", mientras e hizo trascender su intención de clausurar el medio. Para la empresa que soporta la embestida, esto es una reacción a la actitud crítica del medio sobre la política energética gubernamental, así como por sus denuncias de tierras fiscales dedicadas a la producción de coca.

Tal como lo había destacado recientemente la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, es necesario respetar siempre el debido proceso legal, teniendo particularmente en cuenta que lo que luce como una facultad del Estado puede conformar un ataque a la libertad de expresión si la acción estatal está motivada por la posición editorial del medio afectado o si la presión tiene por objeto condicionar el derecho a la libertad de expresión. Las facultades impositivas del Estado no pueden ejercerse de modo arbitrario ni de manera discriminatoria ni de forma discrecional para, apartándose de la imparcialidad que debe caracterizarlo, tratar de amordazar a voces críticas. Esto no debe ocurrir, ni en Bolivia ni en ninguna parte.

Si hay algo que los regímenes autoritarios no soportan es la voz crítica e independiente, que por todos los medios intentan acallar. Ha ocurrido a lo largo de la historia en todas las latitudes, variando, aunque no demasiado, los métodos para intentar amordazar al periodismo libre. Tener que luchar contra esos ataques en pleno siglo XXI revela la magnitud de los déficits institucionales que padecen esos regímenes.

La Nación, Argentina, GDA