21 de April de 2010 00:00

La batalla final

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Carlos Larreátegui

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En una reunión celebrada hace pocos días en Carondelet, el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Raúl Abad, recibió la instrucción de acelerar el tratamiento del Proyecto de Ley de Educación Superior elaborado por la Senplades y presentar, cuanto antes, el informe para segundo y definitivo debate. Por ello, la Comisión ha desencadenado un ritmo frenético de trabajo para aprobar dicho informe y poner en vigencia el controvertido proyecto elaborado por la consultora argentina Analía Minteguiaga y su equipo de la Senplades.

A raíz de la decidida y firme movilización de los actores universitarios, la Asamblea acordó formar una comisión para entablar un diálogo con la Academia y encontrar consensos mínimos que aseguren el éxito y permanencia de la nueva ley. Lamentablemente, y contrariando la voluntad del titular de la Asamblea y varios sectores legislativos, el señor Abad no asumió ese compromiso ni entabló el diálogo exigido por varios sectores. Ahora, reeditando los atropellos y arbitrios del 2008, la Senplades, pretende, como ha sido su intención desde un comienzo, imponer una ley que colocaría a la universidad al servicio de los gobiernos de turno y sus visiones pasajeras.

No existe duda de que el sistema universitario requiere importantes cambios que le aproximen a la realidad del país y del mundo y que contribuyan al desarrollo personal y social. La gran falacia de la Senplades consiste, sin embargo, en apelar a ese cambio indispensable y argumentar que su propuesta contiene la fórmula para alcanzarlo. Puesto que la opinión pública difícilmente podría entrar en los detalles de la propuesta, la Senplades camufla hábilmente su esquema autoritario bajo convincentes argumentos de cambio. Si la intención del Gobierno fuese elevar la calidad de la educación, el proyecto de ley, por ejemplo, no entregaría el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación -Conea- al Ejecutivo ni liquidaría su independencia y autonomía. Recordemos que los países que se ufanan de mantener universidades de calidad han creado agencias de evaluación muy robustas dotadas de absoluta independencia frente a los gobiernos y a sus regulados.

Algunas declaraciones oficiales dejan entrever la percepción del Gobierno de que el sector universitario ha bajado la guardia y se encuentra desmovilizado. Ignora que los actores universitarios han venido trabajando por meses en una propuesta de ley moderna que busca, sin concesiones, la calidad académica y el servicio a la sociedad bajo un respeto irrestricto a los principios universales que deben sustentar un sistema universitario. Ignora también que el sector se encuentra más unido que nunca y, sobre todo firmemente decidido a librar la batalla final en defensa de la libertad y la autonomía.

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