Dimitri Barreto P.

De la autocensura a la demanda de derechos

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 23
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 3

Ecuador, junto con Nicaragua, son países donde la gente dice conocer poco de actos de corrupción. El Latinobarómetro lo releva: solo el 10% de la población supo de algún caso en 2016.

El dato podría servir de pieza de propaganda. Sí. Salvo que hay hechos insoslayables. La Contraloría, que debe auditar el uso de los dineros del Estado, ha remitido en 9 años a la Fiscalía 2 057 informes con indicios de responsabilidad penal, por anomalías.

El país de Latinoamérica con menos ciudadanos que se sienten libres para criticar es Ecuador, porque solo el 34% de habitantes supera la autocensura, en contraste con Uruguay y Costa Rica con el 70% y el 69%. Son números rojos en términos de desarraigo del autoritarismo y ejercicio de la libertad.

El Latinobarómetro, que en 2015 fue noticia de prensa en Carondelet porque el 56% de Ecuador consideraba que se gobierna para el bien de todo el pueblo (el indicador bajó a 35% este año), muestra este 2016 que el país se destaca porque demanda una sociedad donde impere el orden, pero al mismo tiempo se respeten derechos (49%).

¿Cuáles derechos? Los derechos a la libertad de expresión, que hasta preocuparon a la Unión Europea en el proceso de acuerdo comercial con Ecuador, por ejemplo. El Latinobarómetro muestra que solo un 19% de ecuatorianos percibe en la prensa independencia del Gobierno y de otros poderes.

O los derechos de la mujer y la niñez a ambientes libres de maltrato. El Latinobarómetro exhibe a Ecuador con la mayor violencia intrafamiliar en contra de la mujer (83%) y en contra de la niñez (73%).

En período electoral, pocos políticos cuestionan la Ley de Comunicación y menos reivindican los temas de derechos de la mujer, tan sensibles como la crisis económica (la inseguridad laboral causa temor en el 62% de ecuatorianos).

Señores, una sociedad informada es más democrática, menos violenta y más transparente. ¿O alguien en realidad tiene interés en que la mitad de la población (47%) siga dispuesta a pasar por alto la corrupción a cambio de obras?