Marcelo Ortiz

El atentado a la Seguridad Social

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Son casi 87 años de haberse creado la Caja de Pensiones, esto es en 1928, cuando gobernaba Isidro Ayora. Se le asignó un patrimonio propio, y diferenciado de los bienes del Estado.

Hoy, parece inaudito que se abra una etapa distinta rompiendo su autonomía administrativa-financiera, porque todos los gobiernos siempre aportaron con una cifra fija que, desde hace más de seis décadas ha sido del 40%, con el propósito de sostener las pensiones de vejez. Aquel dinero se consideró aparejado con el presupuesto de los servicios médicos que requiere la inmensa masa de afiliados en edad productiva.

La última ley, que nunca debió siquiera tramitarse, peor ser aprobada por la Asamblea Nacional, ha suprimido ese aporte del 40% que han dado todos los gobiernos, porque consideraron que era imprescindible y necesario un medio de financiamiento de jubilaciones y atenciones médicas; y, sobre todo para que en un inmediato futuro dispusiera de recursos suficientes.

El 1º de mayo de 1936 se creó el Instituto Nacional de Previsión y un año más tarde el Departamento Médico, cuyo sustento legal constituía la Ley del Seguro Social Obligatorio, y al mismo tiempo se abrieron oficinas en todas las capitales provinciales para la atención de la nueva población afiliada.

Por eso, en aquella época, las generaciones de 18 años en adelante que iniciaban su vida laboral, contribuían con una parte proporcional de sus salarios, otra de los patronos y la tercera del Estado.

En la Constitución Política de 1945, de corta duración, se estableció en el art. 149 “que la previsión y asistencia social eran servicios ineludibles del Estado”, y el numeral 1 creó el Seguro Social para proteger al asegurado y su familia en casos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, orfandad, desocupación y demás contingencias de la vida. La Constitución de 1946, sancionada por Velasco Ibarra lo suprimió, tal vez porque en la de 1945, se consideraba que “los fondos o reservas del Seguro Social no podían destinarse a otro objeto”.

Y también en la Constitución de 1967, art. 66: “los fondos o reservas no se destinarán a objeto diferente”. Lo analizado demuestra que hasta este 2015, ningún gobierno intervino en su autonomía administrativa y financiera, y peor todavía, que se suprimiría el 40% a través de la ley expedida por la Asamblea Nacional hace pocos días, y sancionada en tiempo récord de 48 horas para que sea publicada, bajo el título arrogante de “Ley de Justicia Laboral y reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar”. Al quitar ese aporte fijo, se lo ha hecho con la vaporosa frase: “entregará fondos cuando haga falta”, esto es, a criterio de quien ejerza el poder.

Este atentado a la seguridad social de nuestro pueblo convocará este 1º de Mayo, a una presencia multitudinaria en todo el país, frente a la desesperación del Gobierno por la vacía caja fiscal.

mvillacis@elcomercio.org