Transcurrido más de un año desde que se aprobó la denominada Ley de Medicina Prepagada (octubre, 2016), los vaticinios de quienes en su momento advirtieron sus efectos negativos, o se han cumplido, o se ajustan a la realidad que vive ese segmento corporativo.
Una de las primeras advertencias fue que la ley iba a provocar el cierre de empresas. Esta semana, en el marco de una comparecencia a la Asamblea, los representantes del sector indicaron que siete empresas están liquidadas y otras 10 tienen causal de liquidación. Otra preocupación se refirió al aumento en las tarifas que pagarían los usuarios con la ley en marcha. A lo largo de este año, las tablas de costos en la prestación de servicios han tenido ajustes hacia arriba.
Si bien la ley tiene aspectos positivos que buscan mayor cobertura para las personas de la tercera edad o con discapacidad, una de las mayores preocupaciones que se dieron durante el debate fue que esta normativa se estaba elaborando con cifras sobreestimadas, respecto a las utilidades de las firmas que prestan el servicio y sin tomar en cuenta los reportes de la Superintendencia de Compañías y del Ministerio de Salud.
La Ley estableció que las empresas del sector reembolsen al IESS y al Ministerio de Salud cuando uno de sus clientes se haga atender en esas casas de salud. De acuerdo con el gremio esa cuenta representaría USD 70 millones anuales, cuando en promedio, las utilidades del sector llegarían a 12 millones.
La situación es compleja y sus efectos podrían incidir negativamente en la atención para un millón de personas que cuentan con la medicina prepagada. En el peor escenario, si las empresas que prestan ese servicio se liquidan, la gente que allí se atiende tendría que recurrir al sistema estatal, cuya oferta está prácticamente superada por la demanda.
La salud es un derecho en donde confluyen actores públicos y privados. Lo óptimo es lograr el punto de equilibrio, con empresas que tengan utilidades razonables, el Estado mejore su cobertura y la población se beneficie.