Diego Araujo Sánchez

Ataques contra la CIDH

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DIEGO ARAUJO SÁNCHEZ
Columnista invitado

El Gobierno ecuatoriano dejó la silla vacía en las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de esta semana en Washington. En ellas participaron representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil como la Ecuarunari y los Yasunidos; y juristas y académicos, como los del Observatorio de Derechos y Justicia en Ecuador.

Los representantes del Estado estuvieron ausentes por tres periodos consecutivos en las audiencias bianuales. Allí se expusieron las preocupaciones sobre la situación de los pueblos indígenas y la independencia judicial en el Ecuador.En lugar de responder con argumentos a las denuncias, el Gobierno redobló las descalificaciones contra la CIDH: para el presidente Correa, esta “se ha convertido en la Vachagnon de la oposición”; y el canciller Patiño afirmó que la CIDH había violado sus reglamentos al mezclar temas particulares en una audiencia general y que el Gobierno no se iba a prestar para que se politicen esos temas. ¿Es un argumento presentable endilgar a la CIDH la acusación de recolectora de basura de la oposición? ¿Y la de su politización?

La CIDH y la Corte Interamericana son los dos grandes brazos ejecutores de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pese a las limitaciones de los dos organismos de la OEA, ningún logro ha sido tan importante y reconocido por la comunidad internacional como el papel que han cumplido en la defensa de esos derechos. Basta recordar cuánto hicieron durante las dictaduras del Cono Sur, o las violentas guerras civiles en América Central o frente a gobiernos autoritarios.

Enojados por las resoluciones de la CIDH o por la sentencias de la Corte, regímenes de diversos signo ideológico han lanzado sus ataques contra el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos; y han desconocido la competencia de la Corte, como lo hizo Alberto Fujimori en Perú en 1999 porque no le gustó una sentencia de ese organismo, o el coronel Hugo Chávez en septiembre de 2009, cuando denunció el Pacto de San José y excluyó a Venezuela de la jurisdicción de la Corte. Los argumentos fueron parecidos: que sus resoluciones son políticas, que atentan contra la soberanía nacional, que agreden a los gobiernos… a “los gobiernos de izquierda y progresistas…”, añadía Chávez, para quien la Corte era un instrumento del imperialismo .

Tampoco fue santo de la devoción de Pinochet el sistema interamericano de protección a los derechos humanos: en 1975, el dictador chileno encargó al por entonces jefe de la temible y criminal DINA, general Manuel Contreras, una campaña contra la CIDH ante la visita a Chile del organismo.

No resulta responsable debilitar la limitada protección de los derechos básicos de los ciudadanos ante el poder ilimitado de los Estados. Ni es positivo para el país ni para el propio Gobierno atacar a la CIDH como lo han hecho otros personajes de nada ejemplar memoria.