El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra Droga y el Delito (Unodc) da cuenta de que Ecuador no alcanza los niveles de país productor de narcóticos, con apenas 648 plantas de marihuana halladas en 34 zonas, en 2014, y 56 hectáreas de matas de coca entre 2006 y 2011.
Ese documento, no obstante, muestra a Ecuador en el mapamundi de rutas de la droga como el principal puerto de salida de cocaína del Pacífico.
¿Y los controles? La Unodc destaca que Ecuador (10% del total) se encuentra solo detrás de Colombia (56%) en la interdicción de cocaína en América del Sur; es decir, se reconoce a la Policía Antinarcóticos y a FF.AA.
El mapamundi exhibe que la cocaína que sale por Ecuador proviene principalmente de Colombia y va a Centroamérica y México.
Dos datos. Uno: Colombia registró 96 000 hectáreas netas de cultivos de hoja coca en el último monitoreo de la Unodc de julio 2016 (Perú tuvo 40 300 hectáreas netas). Dos: un kilo de clorhidrato de cocaína vale USD 1 732 en Colombia (en Perú, USD 1 133).
Ubicado entre los dos principales productores de coca, no es casual que el país sea zona de tránsito y lavado por drogas. Tampoco es extraño que por el volumen de producción y el valor del ‘negocio’, la frontera norte y puertos de Ecuador sean escenario de disputa de los carteles.
Esta semana, Timochenko, jefe de las FARC, ha denunciado que territorios dejados por la guerrilla en la frontera con Ecuador son tomados por paramilitares para traficar drogas. Sí. Las FARC también deben cuentas por su lógica de ‘impuestos’ a carteles y por sus disidentes.
En tanto, jueces y fiscales temen represalias de narcotraficantes. Seis de cada 10 ecuatorianos atribuyen al crimen organizado la violencia más dañina (Latinobarómetro 2016). Y el punto crítico: Ecuador es país de consumo.
El tema de las drogas debe marcar la agenda del nuevo Gobierno, con apertura al fortalecimiento institucional (no solo policial-militar), a la cooperación internacional y, sobre todo, al debate social para construir política pública.