Andrés Jaramillo

La purga en Alianza País

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Alianza País (AP) tiene una deuda pendiente con los ecuatorianos: la depuración de sus filas. Conforme avanzan las investigaciones sobre posibles casos de corrupción, más nombres de militantes quedan expuestos.

Gran parte de la información sobre esos hechos -y que ahora es pública- se conoció en Alianza País desde antes del cambio de Gobierno. Pero en lugar de ser canalizada a las autoridades correspondientes para que se sancione a los responsables, primó un ‘espíritu de cuerpo’ en el oficialismo.

El exasambleísta Raúl Patiño incluso reconoció públicamente en enero pasado que estaba ‘prohibido’ fiscalizar en el Legislativo. En el partido se apelaba a una mal entendida disciplina partidista y a la sobrevivencia de una estructura orgánica.

El oficialismo perdió, de forma gradual, su capacidad de autocrítica. En esas condiciones, es fácil confundir la lealtad con la complicidad y dar paso a la impunidad.

Quienes terminaron fuera de sus filas, en lugar de los señalados por corrupción, fueron los cuadros que intentaron denunciar las irregularidades. Por ejemplo, el exlegislador Christian Viteri, quien comenzó a develar cómo se hicieron los contratos en el sector petrolero. O quienes se opusieron a las directrices del partido, como Fernando Bustamante, quien votó en contra de las enmiendas constitucionales en diciembre del 2015 y luego fue aislado por sus compañeros.

Ahora, el movimiento tiene la oportunidad de comenzar a pagar esa deuda que se ha ido acumulando por años. El Comité de Ética puede aplicar, sin presiones ni posiciones preestablecidas, los reglamentos internos y sancionar a quienes hayan cometidos faltas; incluso expulsarlos, si fuera el caso.

El caso del presidente de la Asamblea, José Serrano, y su conversación con el excontralor Carlos Pólit, prófugo de la justicia, permitirá al país conocer en buena medida si en verdad AP busca corregir los errores del pasado, como ha ofrecido. No se puede seguir confundiendo la lealtad con la complicidad.